Con el propósito de fortalecer la vigilancia ciudadana y garantizar mayor transparencia en la ejecución de programas sociales, el Gobierno de Jalisco actualizó los Lineamientos de la Contraloría Social —publicados en el Periódico Oficial del Estado— al incorporar herramientas digitales, simplificación administrativa y criterios más claros de operación.
María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado, firmó el Acuerdo 08/2026, mediante el cual se moderniza el mecanismo de participación ciudadana, orientado a que las y los beneficiarios supervisen la correcta entrega de bienes y servicios, consolidándose como un instrumento preventivo contra la corrupción.
La actualización establece un esquema verificable y más eficiente, al integrar procesos con plazos definidos y un máximo de tres revisiones para validación, lo que permite reducir rezagos administrativos y agilizar la operación institucional. Entre los principales cambios destaca la implementación obligatoria del Sistema Electrónico de Seguimiento Informático de Contraloría Social (SESICS), plataforma que centraliza la gestión, validación y seguimiento de reportes, elimina la discrecionalidad en la recepción de documentos y garantiza trazabilidad tecnológica en cada proceso.
También se incorpora el Informe de Comité de Contraloría Social Simplificado, diseñado para programas de entrega única, que facilita la participación ciudadana al permitir reportes directos durante la recepción de apoyos y reducir cargas administrativas innecesarias. La normativa delimita con mayor precisión las atribuciones institucionales, estableciendo que la Contraloría del Estado asume funciones de coordinación y monitoreo, mientras que cada dependencia será responsable de la planeación, promoción y seguimiento de las acciones.
Asimismo, se obliga a las instancias normativas a generar materiales informativos con lenguaje claro y accesible, adaptado a las características de la población objetivo, para promover una participación más incluyente. Los lineamientos reafirman el carácter voluntario, honorífico y autónomo de los Comités de Contraloría Social, fortaleciendo sus facultades para solicitar información pública, emitir reportes ciudadanos y presentar denuncias ante posibles irregularidades.
La actualización también establece medidas preventivas para la gestión de riesgos y sanciones ante incumplimientos, incluida la obligación de dar vista a la Dirección General Jurídica en casos de omisiones, negativas de verificación o retrasos en los procesos.
Para consultar la normatividad completa y conocer más sobre la Contraloría Social, sus comités y materiales de difusión, está disponible el micrositio oficial.