Hace un año, el servidor del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) sufrió un ataque informático, lo que generó una interrupción de los servicios a los usuarios.
En junio de 2025 el Hospital Civil de Guadalajara y el Sistema DIF Guadalajara sufrieron un hackeo por un usuario identificado como Kazu, que puso a la venta 7.6 gigabytes, donde afirmó que incluía 63 mil archivos con datos personales y clínicos de pacientes.
Ante esos sucesos, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Guadalupe Buenrostro, presentó una iniciativa para reconocer y blindar las llamadas Bases de Datos Poblacionales Estratégicas del Estado.
Estas bases de datos incluyen información sensible que utilizan las autoridades para tareas fundamentales como seguridad pública, búsqueda de personas, programas sociales, salud y atención a emergencias.
Actualmente, la legislación no distingue entre bases de datos comunes y aquellas que, por su importancia, pueden poner en riesgo la seguridad de las personas o el funcionamiento del Estado en caso de ser vulneradas, señaló José Guadalupe Buenrostro.
“Hoy quiero hablar de algo que no se ve, pero que nos afecta a todos. El gobierno tiene bases de datos con información de millones de personas quién eras, dónde vives, si recibes un apoyo, incluso temas de seguridad. El problema es que hoy no todas esas bases están protegidas como debería y cuando eso falla pasa lo que hoy hemos visto: filtraciones, fraudes, robos de identidad y pérdida de confianza. Por eso, estamos proponiendo una reforma muy clara: reconocer cuáles son las bases de datos mas importantes del estado y blindarlas con medidas de seguridad mas estrictas y hacer responsable a quien no las proteja correctamente”, precisó.
La propuesta establece:
* Reconocer legalmente las bases de datos más importantes del Estado.
* Implementar medidas de seguridad reforzadas para evitar hackeos o filtraciones.
* Crear responsables directos de la seguridad de la información.
* Establecer protocolos claros para actuar ante incidentes digitales; y
* Sancionar a servidores públicos que incumplan con estas medidas.
Además, la iniciativa no genera nuevas estructuras burocráticas ni implica gastos extraordinarios, ya que se basa en fortalecer mecanismos ya existentes.
Con esta reforma, Jalisco avanzaría hacia un modelo de gobernanza digital más seguro, reduciendo riesgos como fraudes, suplantación de identidad y uso indebido de datos personales.
“La seguridad digital es también seguridad pública, porque se pone en riesgo la integridad y los bienes de las personas”, dijo el legislador.