En Tlaquepaque “se sigue el ejemplo” del Ayuntamiento de Tequila, al cobrar cuotas semanales de 200 y 300 pesos a los conductores de mototaxis para permitirles trabajar, denunció la diputada de MC, Celenia Contreras, quien hizo un llamado a la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, para que le ponga freno a lo que, identificó sin filtros, como un cobro de derecho de piso, “tal y como lo hace la delincuencia organizada”.
Además, el Gobierno de Tlaquepaque obligó a los mototaxistas a portar chalecos con la imagen del Ayuntamiento morenista, como una forma de control político.
Se calcula que en Tlaquepaque operan alrededor de 800 mototaxis, precisó la legisladora.
“El modo de implementar estos cobros semanales es de la misma manera que lo hacen los grupos delictivos. Es un cobro de piso, donde se usa la investidura municipal para delinquir. No solo se les cobra derecho de piso, sino que los obligan a utilizar un chaleco color guinda, no como medida de seguridad, sino como una regulación técnica y como un símbolo de control político de la presidenta hacia las personas que realizan este servicio”, denunció.
La actuación del gobierno de Tlaquepaque significa además una invasión a las funciones que debe realizar el gobierno de Jalisco, mediante la Secretaría de Transporte, afirmó la legisladora emecista.
La regulación del transporte público es una atribución exclusiva de la Secretaría de Transporte, subrayó.
“Existen cobros ilegales de entre 200 y 300 pesos semanales para poder trabajar. Sí, ellos están pagando para no ser molestados por la autoridad y creo que en esto deberíamos hacer un análisis profundo de esta irregularidad. Primero, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, establecen que es competencia exclusiva de la Secretaría de Transporte, autorizar, regular y supervisar el servicio de transporte. Lo que estamos viendo hoy es grave, están usurpando funciones administrativas que no les competen”, dijo.
Celenia Contreras sostuvo que los cobros ilegales a los mototaxistas y el control que se quiere ejercer sobre ellos desde el gobierno municipal, es denunciado por los propios operadores, quienes rechazan pagar 200 o 300 semanales para que les permitan trabajar.