Académicos, activistas, funcionarios públicos, expertos en temas democráticos, integrantes del Comité de Participación Social (CPS) y la titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), hicieron propuestas para mejorar la Ley del Sistema Estatal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, en la que se establecen los requisitos del referéndum, el plebisicito y la revocación de mandato.
El diputado de Morena, Alejandro Barragán Sánchez, quien convocó al foro “Fallas, Aciertos y Propuestas de Mejora a la Ley de Participación Ciudadana”, señaló que la idea es hacer una reforma que impulse las figuras de consulta a la población.
Tachi Villalba, integrante de la Asamblea Popular contra el Tarifazo, dijo que hace algunos meses se impulsaron dos procesos de referendum y plebiscito, sobre el incremento a la tarifa del transporte. Sin embargo, se encontraron que los mecanismos tienen obstáculos para aplicarlos.
“No hubo oportunidad de seguir la discusión del tema. Ahora, después de meses de que se hicieron esos mecanismos, no sabemos si podíamos o no como ciudadanos hacer un alto a la tarifa, con un mecanismo de participación ciudadana. La discusión no se llevó a cabo. El Comité de Participación Ciudadana nunca discutió. Entonces, creo que tenemos que ser muy críticos con el manejo de la ley y las cosas que tenemos que cambiar, porque es en serio, tenemos que motivar la participación ciudadana”, advirtió en el foro realizado en el Congreso local.
La académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Laura Aritmética Jaime, dijo que, por ejemplo, la Ley no garantiza que los procesos de consulta ciudadana cuenten con un presupuesto seguro para su realización y eso los limita.
Es la Secretaría de Hacienda la que debe dar luz verde para asignar el dinero para que se hagan las consultas ciudadanas.
“No solo se tiene que juntar el número de firmas y cumplir con todos los requisitos legales, también dependerá si se tiene el presupuesto para el ejercicio. Eso se vuelve un obstáculo más”, afirmó la docente.
La presidenta del IEPC, Paula Ramírez, hizo varias propuestas. Una de ellas es garantizar la autonomía del sistema de participación ciudadana y también delimitar las áreas que sí pueden someterse a una consulta entre la población y cuáles no.
“En esta revisión resulta imperante garantizar la autonomía del sistema. Creo que ese es un punto central, ya que la participación ciudadana por su naturaleza requiere, exige, que se aseguren condiciones de independencia respecto de las estructuras gubernamentales, dado que justamente su propósito es vigilar, conducir e incidir en las decisiones de los gobiernos y los parlamentos”, subrayó.
Paula Ramírez precisó que la ley incluye en Jalisco 16 mecanismos de participación, más que en cualquier estado. “Eso es un acierto”, dijo. Otro aspecto exitoso en la entidad es la existencia de la plataforma “Fírmale”, para recabar apoyos ciudadanos a los mecanismos de participación.
La directora de Participación Ciudadana del estado, Claudia Arteaga Arroniz, señaló que deben ser más fáciles los requisitos para que una persona se integre a los Consejos de Participación, en especial, en los municipios.
“Para ser parte del Consejo además de que es un proceso de insaculación en el Congreso, piden la carta de residencia. La gente se queja, como van a participar si además tienen una carga económica y hacer un trámite. Es uno de las debilidades que tiene la participación dentro del Consejo”, reconoció.
El legislador Alejandro Barragán señaló que habrá más foros para eriquecer las ideas que actualicen la Ley de Participación Ciudadana.
En el foro participó Ramón Marcelo Cortés, presidente del Consejo Estatal de Participación Ciudadana.