El Congreso del Estado aprobó la Ley Pantallas Seguras, que establece una regulación para la interacción de los menores de edad en el ciberespacio.
La iniciativa la presentó la diputada de MC, Adriana Medina, con el respaldo de la presidenta del DIF Jalisco, María Elena Villa, así como de organismos de la sociedad civil y padres de familia.
La ley no prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas, sino que plantea acuerdos que deben tomarse entre autoridades educativas, padres de familia y profesores, dijo la legisladora.
“Por eso, más que ser una ley restrictiva, es una ley formativa que buscar crear una nueva ciudadanía digital, en corresponsabilidad de padres de familia. Una ley que reconoce la importancia de proteger las infancias, sin alejarlos del contacto que puedan tener los padres de familia con sus hijos y con la tecnología. Estos consensos del uso de dispositivos se construirán de la mano de padres de familia, gobierno y profesores, para saber como actuar ante un eventual caso de agresión digital o como navegar de manera guiada en un entorno digital seguro”, subrayó.
Entre los puntos mas destacados de la nueva ley se encuentra la creación del Consejo Estatal de Protección, un órgano consultivo presidido por el gobernador, que coordinará políticas públicas transversales que incluye a las secretarías de Educación, Salud y Seguridad.
A las escuelas les tocará definir protocolos de navegación guiada y software de filtrado para asegurar que los contenidos consultados en horario escolar sean pedagógicamente adecuados.
“El profesor Peter Drucker nos recuerda que necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos de cada estudiante y de cada profesor, porque (las pantallas) son el bolígrafo y el papel de nuestro tiempo y es la lente a través de la cual experimentamos gran parte de nuestro mundo. Hoy el Congreso de Jalisco reconoce esta oportunidad sin poner en riesgo a sus infancias y legisla para mantener a nuestra infancia ante pantallas seguras”, agregó.
La ley establece que la Policía Cibernética podrá monitorear espacios públicos y detectar posibles delitos, sin criminalizar a los jóvenes, sino poniendo el interés superior de la niñez.