La comunidad indígena autónoma tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, denunció que el Poder Judicial de Jalisco prepara una audiencia para este lunes 6 de julio que podría derivar en la liberación de uno de los responsables del homicidio de Marcos Aguilar Rojas, representante agrario de la comunidad, asesinado a tiros el 26 de noviembre de 2025 en el predio comunal El Caracol.
Según un comunicado de la comunidad indígena de la región Norte de Jalisco, la audiencia se desarrollará dentro de la carpeta administrativa 343/2026, radicada en el Décimo Distrito Judicial con sede en Tequila, a partir de un incidente de incompetencia por inhibitoria promovido por la defensa de Manuel de Jesús Aguilar Herrera, uno de los señalados en el ataque contra Aguilar Rojas, en el que también resultó herido de gravedad el comunero Gabriel Aguilar Rojas, delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI). Los otros cuatro presuntos responsables permanecen prófugos.
El CNI identificó como presuntos agresores, además de Manuel Aguilar Herrera, a Esteban Aguilar Herrera, José Aguilar Herrera, Víctor Hugo Pérez, Favio Flores Sánchez y Abraham Pérez, quienes huyeron en un vehículo gris hacia Villa Guerrero o Mezquitic, “todos ellos vinculados a los caciques y pequeños propietarios del municipio de Villa Guerrero, Jalisco”, según el organismo.
En un pronunciamiento emitido tras el homicidio, el CNI denunció el hecho “con indignación, rabia y profunda preocupación” y lo enmarcó como parte de un patrón de agresiones contra pueblos originarios que defienden su territorio. Exigió sanciones contra los responsables materiales e intelectuales, así como garantías de seguridad para los habitantes de San Lorenzo de Azqueltán.
También responsabilizó al gobierno federal por la falta de reconocimiento oficial de la comunidad indígena, y al gobierno de Jalisco por sostener un contexto de impunidad favorable a los grupos en disputa con los comuneros.
Cabe recordar que el asesinato ocurrió apenas tres semanas después de que la comunidad denunciara un despojo violento en terrenos comunales en litigio agrario. Señaló que, desde el 4 de noviembre de 2025, presuntos policías investigadores de la Fiscalía del Estado ingresaron a varios predios, exigieron a los comuneros que los abandonaran y se llevaron materiales de construcción, entre ellos los usados para un pozo en el predio La Cueva de la Mosca —el mismo terreno donde, meses después, se registrarían los hechos de intimidación reportados en junio de 2026—.
La comunidad exige
La comunidad exigió al Poder Judicial de Jalisco declarar improcedente el incidente de incompetencia y abstenerse de modificar la prisión preventiva oficiosa dictada por el juzgado penal de Colotlán. A la Fiscalía estatal le solicitó detener la criminalización de comuneros y autoridades tradicionales, cesar la revictimización de menores de la comunidad, e investigar las denuncias que ha presentado, y no solo las que se han presentado en su contra.
Llamó también al Congreso Nacional Indígena, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación a estar atentos a la audiencia programada para este lunes 6 de julio.