La presidenta del Comité Estatal de Morena en Jalisco, Erika Pérez García, rechazó que la crisis en el suministro y la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara sea utilizada para justificar la contratación de más deuda pública.
“Nos preocupa escuchar que, frente a la crisis que vive el Siapa, la respuesta vuelva a ser hablar de más deuda para nuestro estado. Los jaliscienses ya pagan bastante por los errores de los gobiernos de MC”, afirmó en rueda de prensa.
Pérez García atribuyó la situación del Siapa a años de falta de inversión, deterioro de la infraestructura y problemas de planeación y transparencia. Señaló que el costo de atender la crisis no debe trasladarse a los ciudadanos y pidió al Gobierno de Jalisco invertir en infraestructura y rendir cuentas sobre el manejo del organismo.
La dirigente morenista reconoció que la Federación tiene atribuciones en materia de aguas nacionales, vigilancia ambiental, inspección de descargas y programas de infraestructura y saneamiento, aunque sostuvo que la responsabilidad sobre la operación y distribución del agua recae principalmente en el SIAPA, los municipios que lo integran y el Gobierno de Jalisco.
“Desde Morena se plantea una intervención coordinada, no una invasión de competencias. Conagua, Semarnat, Profepa y las autoridades sanitarias federales deben acompañar el diagnóstico y la fiscalización, pero esa participación no exime al gobierno estatal de garantizar la calidad en el servicio que administra y cobra”, señaló.
Durante la rueda de prensa, Elías Orozco Martínez, integrante del Parlamento de Colonias y especialista en agua y urbanización, cuestionó que la solución a los problemas de la red hidráulica metropolitana pueda tomar hasta 30 años. Señaló que durante casi 15 años de gobiernos metropolitanos de Movimiento Ciudadano no se resolvió el deterioro de los 8 mil 500 kilómetros de redes hidráulicas.
Orozco Martínez también denunció descargas contaminantes de empresas en el trayecto del acueducto Chapala-Guadalajara.
“El tramo de Ocotlán a Las Pintas, las empresas están descargando residuos que están contaminando ese canal”, afirmó. Añadió que, con la participación de especialistas y ciudadanos, la problemática podría atenderse en un plazo menor: “Si el gobierno actual nos permite ser partícipes y ayudantes podemos solucionar en 10 años esta problemática, y no en 30 años”, dijo.
El académico de la Universidad de Guadalajara, Enrique García Becerra, aseguró que la crisis afecta a 600 colonias y no a 200, como señaló que reconoce el Ejecutivo estatal. También exigió la publicación de los análisis realizados al agua, con información desglosada por muestra, colonia, parámetro y laboratorio.
La activista María Reynoso cuestionó, por su parte, las declaraciones realizadas al cierre del gobierno de Enrique Alfaro sobre la garantía del abasto de agua para los siguientes 50 años. También acusó a la actual administración estatal de responsabilizar al Gobierno federal por la falta de recursos y advirtió sobre un posible intento de abrir la prestación del servicio a la iniciativa privada.