En forma unánime, la Comisión de Igualdad Sustantiva del Congreso, avaló hacer reformas a las leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, para que magistrados, consejeros, jueces, secretarios de acuerdos y relatores, así como funcionarios del Gobierno de Jalisco, no sean contratados o elegidos en esos cargos, si son deudores alimentarios o si fueron condenados por violencia en razón de género.
La diputada de Morena, Candelaria Ochoa, presidenta de la Comisiòn de Igualdad Sustantiva del Congreso, explicó que esta iniciativa fue presentada por la bancada del PRI, encabezada por la diputada María del Refugio Camarena.
“Sí, sobre todo los que tienen un cargo en donde imparten justicia, porque es importante que no tengan problemas judiciales, en particular, de violencia contra las mujeres. Yo espero que sí, porque lo que estamos hablando es precisamente de esas responsabilidades administrativas que tendríamos todos en Jalisco” , subrayó.
En la sesión de la Comisión, también se aprobó en forma unánime que los Órganos Internos de Control (OIC) o contralorías en los municipios y en los tres Poderes, tengan por obligación que atender las quejas o denuncias que presenten trabajadoras por casos de violencia en razón de género, dijo Candelaria Ochoa.
Esta iniciativa fue presentada por la diputada de Morena, Marta Arizmendi Fombona, quien busca darle mayores atribuciones a las contralorías para que investiguen y sancionen casos de violencia a mujeres trabajadoras.
“Para que los Órganos Internos de Control tambièn atiendan el tema de la violencia en general y de la violencia política, porque luego los OIC aún cuando ya tienen un papel importante para sancionar a funcionarios, no se contempla la violencia contra las mujeres en las instituciones del Poder Ejecutivo. Ahora sí, se les dan atribuciones muy específicas a los Órganos Internos de Control”, precisó.
Ambas reformas deben ser avaladas por la mayoría de los 38 legisladores en sesión del Pleno del Congreso.