En forma unánime, el Congreso del Estado aprobó en sesión ordinaria el dictamen que crea la Ley para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco.
La ley permite que el estado cuente con una ruta integral para prevenir y detectar posibles casos de reclutamiento, así como atender y dar seguimiento a menores de 18 años de edad que se encuentren en situación de riesgo o hayan sido víctimas de reclutamiento.
La diputada de MC, Mónica Magaña, autora de la nueva ley, dijo que hay 35 mil casos acreditados de niños de entre 8 y 12 años que han sido forzados para trabajar en el crimen en el país.
“Hoy hemos aprobado en el Congreso de Jalisco una ley única a escala nacional. Hablamos de la Ley para la prevención y la erradicación del reclutamiento forzado infantil. Hablamos de un esfuerzo interinstitucional para que toda la sociedad, para que los gobiernos municipales -los 125 de Jalisco- para que el gobierno del estado, y por supuesto, todas las fuerzas políticas de este estado, nos unamos, coordinados bajo la convicción de que lo mas importante a defender, frente a los grupos criminales que quieren arrebatar a las infancias, que quieren arrebatar el futuro de este país, van a toparse en Jalisco con una comunidad organizada, con instituciones sólidas y con protocolos adecuados para atenderles”, precisó.
La ley define una diferencia entre las víctimas de trata de personas y las víctimas de reclutamiento, para que reciban una atención en materia de salud mental y puedan reintegrarse a la sociedad.
Se prevé también contar con un sistema de datos que permita conocer, identificar, planear y prevenir el reclutamiento, así como brindar asistencia y protección integral a las víctimas.
Por otro lado, durante la misma sesión legislativa, los diputados aprobaron reformas al Código Penal del Estado para establecer que el delito de desaparición forzada sea considerado permanente e imprescriptible y “que se persiga de oficio” cuando la autoridad conozca, por cualquier medio o reporte, de su existencia.
Esta reforma permite que las personas que desaparezcan tendrán el derecho a ser buscadas por las autoridades, aún así no se presente una denuncia ante la Fiscalía Estatal.