En el contexto de la polémica protagonizada por la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, y por el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, sobre la posibilidad de concretar un proyecto de transporte como el cablebús, el coordinador parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, propuso crear un capítulo en la Ley de Movilidad de Jalisco para darle forma al Cablebús, como un medio de transporte útil a las personas.
De la Rosa Figueroa propuso incorporar un capítulo para establecer el cablebús como un sistema de transporte, pero además dotar de facultades a los municipios para que, al igual que la autoridad estatal, opere en temas como vialidad y movilidad, así como identificar las áreas o puntos conflictivos donde el transporte colectivo de superficie es ineficiente o riesgoso, con la finalidad de realizar acciones urbanísticas de mejoramiento.
El cablebús que propone Tlaquepaque busca conectar el cerro del Cuatro con Periférico Sur, para enlazarlo con los sistemas de Mi Macro Periférico y las líneas 1 y 4 del Tren Ligero.
Monraz Villaseñor dijo que el cablebús para el cerro del 4 es “un proyecto de saliva”.
La reforma a la Ley estatal en materia de movilidad plantea que el Cablebús pueda ser impulsado por los municipios y que los ayuntamientos pueden formular, aprobar, administrar y ejecutar programas municipales de transporte público, cuando éstos afecten su ámbito territorial y no necesariamente tenga que realizarlos de manera conjunta con el Ejecutivo.
Miguel de la Rosa Figueroa explicó que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le otorga a los municipios la facultad de que ellos mismos puedan formular y aplicar programas de transporte público, siempre y cuando sea en su ámbito territorial, por lo que es necesario hacer los ajustes en la legislación de Jalisco.
Añadió que un modelo de éxito del Cablebús lo tiene la Ciudad de México, que cuenta con tres líneas en operación y cerca de 25 kilómetros de extensión, lo que ha permitido reducir el tiempo de traslado en zonas de difícil acceso y contribuye, por un lado, a reducir la desigualdad social y el acceso a oportunidades de bienestar y, por otro lado, a evitar la saturación de vías terrestres o la construcción de obras que podrían no resolver el congestionamiento vial.