La operación de viajes de pasajeros en motocicleta contratados mediante aplicaciones digitales está en el centro de una iniciativa presentada en el Congreso de Jalisco para reforzar el cumplimiento de la legislación estatal. La diputada Alejandra Giadans, presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte, junto con el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, planteó endurecer las sanciones económicas a las plataformas que comercialicen este servicio.
La propuesta, denominada “Cero motos por aplicación”, parte de los riesgos asociados con esta modalidad de traslado y de la necesidad de responsabilizar a las empresas que la ofrecen. De acuerdo con Giadans, entre enero y agosto de 2026 murieron 87 personas que viajaban en motocicleta en Jalisco, con mayor incidencia entre jóvenes de 20 a 29 años.
Monraz señaló que las plataformas fueron notificadas formalmente desde hace un año sobre la ilegalidad del servicio en la entidad. Además, informó que los operativos de la Secretaría de Transporte han permitido retirar 92 motocicletas que prestaban viajes de pasajeros mediante aplicaciones.
El funcionario advirtió que las condiciones de algunas unidades, la falta de mantenimiento, la capacitación insuficiente y la ausencia de equipo reglamentario pueden incrementar el riesgo de lesiones graves o mortales.
Importancia: poner la responsabilidad en las empresas
Uno de los principales planteamientos de la iniciativa es concentrar el endurecimiento de las sanciones en las plataformas digitales, sin aumentar las multas para quienes conducen las motocicletas.
Giadans sostuvo que las empresas deben asumir la responsabilidad de comercializar un servicio que, según la legislación estatal, está prohibido. La legisladora argumentó que, aunque esta alternativa se promociona por su rapidez y menor costo, los usuarios también deben considerar los riesgos que implica el traslado.
“Si la aplicación lo comercializa, la aplicación responde”, afirmó.
La diputada aclaró que la propuesta no busca criminalizar a quienes recurren a la conducción de motocicletas como medio de sustento, sino sancionar la prestación irregular del transporte de pasajeros.
Por su parte, Monraz respaldó la iniciativa y adelantó que llevará el tema a la próxima reunión de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), organismo que preside, para ampliar la discusión sobre los riesgos de esta modalidad en las ciudades del país.
El secretario también hizo referencia a las alertas de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sobre la mortalidad vinculada al crecimiento de las motocicletas en América Latina.
Lo que implica: multas de hasta 70 mil pesos
La iniciativa plantea modificar el esquema de sanciones económicas para las empresas que ofrezcan viajes de pasajeros en motocicleta mediante plataformas digitales. El objetivo es elevar el costo de incumplir la normativa y desincentivar la continuidad del servicio.
Las medidas propuestas contemplan:
- Multas para las plataformas: pasarían del rango actual de 150 a 200 UMA, equivalente a cerca de 23 mil pesos, a uno de 200 a 300 UMA, aproximadamente 35 mil pesos.
- Sanción por reincidencia: si la empresa vuelve a cometer la infracción dentro de los 30 días posteriores, la multa podría duplicarse hasta alcanzar alrededor de 70 mil pesos.
- Conductores: se mantendría la sanción vigente de 150 a 200 UMA, sin incrementos adicionales por esta reforma.
La propuesta también busca que las empresas desactiven la opción de contratar viajes en motocicleta. Giadans señaló que una plataforma ya retiró voluntariamente el botón de transporte en dos ruedas en Jalisco, lo que, afirmó, demuestra que es técnicamente posible suspender esta función.
Ambos funcionarios llamaron a las compañías restantes a seguir ese ejemplo y pidieron a la ciudadanía evitar el uso de este servicio mientras persista la prohibición.
La iniciativa busca reforzar la aplicación de la normativa vigente mediante mayores sanciones a las empresas, aunque su alcance dependerá del proceso legislativo y de la aprobación de las modificaciones propuestas.