Con 13 votos a favor y dos en contra, el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza de Jalisco, rechazó la solicitud de realizar una consulta en el estado, para preguntarle a los ciudadanos si estaban a favor o en contra de que el gobierno estatal firme un convenio con el gobierno federal y otorgar así una pensión universal de 1, 650 pesos mensuales a personas con discapacidad.
Diversos colectivos de personas con discapacidad, representados por Paula Rebeca Andrade, recabaron 8 mil 219 firmas, prácticamente el doble de las 4 mil 174 que exige la ley para impulsar una consulta ciudadana.
En la sesión del Consejo se rechazó la solicitud, pese a considerarla legítima y que cumplió con todos los requisitos. Sin embargo, Claudia Arteaga Arroniz, directora de Participación Ciudadana de la Secretaría respectiva, dijo que el tema viola la Constitución del Estado, al comprometer el presupuesto estatal.
“En consecuencia, al involucrar recursos públicos y posibles afectaciones a presupuestos previamente aprobados, la decisión tiene una naturaleza materialmente financiera y presupuestaria, por lo que no puede desvincularse de la restricción constitucional señalada. La consulta popular no puede sustituir las facultades de las autoridades, ni convertirse en una autorización para asumir compromisos financieros sin contar con las condiciones de viabilidad y suficiencia presupuestal necesaria”, argumentó.
Otorgar la pensión universal implicaría para el gobierno de Jalisco erogar 1,654 millones de pesos, 24 veces más del gasto que hoy asigna para el tema, dijo Claudia Arteaga.
Las organizaciones civiles piden que en Jalisco se otorgue una pensión universal a personas con discapacidad, ya que el gobierno estatal únicamente otorga un apoyo económico mensual de 2 mil pesos a solo 4 mil 270 personas y excluye a quienes tienen más de 29 años.
La iniciativa busca que se apoye económicamente a alrededor de 400 mil personas, como se realiza en otros estados del país.
Roberto Acosta Cueto, representante del Congreso del Estado, fue, junto con Aldo Chavarría Montiel, representante de personas con discapacidad y director de la agrupación Don Bosco sobre Ruedas, los únicos que votaron en contra.
Esto dijo Roberto Acosta al oponerse al rechazo de la consulta popular:
“Quiero explicar porque no comparto el dictamen de improcedencia que hoy se nos presenta. Este Consejo debe actuar como garante de la participación ciudadana, no como un filtro que termine haciendo excepcional o imposible el ejercicio de los mecanismos que la ley reconoce”, expresó.
Roberto Acosta dijo que la consulta que se impulsaba por los ciudadanos, no invade las facultades legales en materia presupuestal.
Como una especie de “consuelo”, el dictamen de improcedencia planteó que se haga una reunión de trabajo entre la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) y los colectivos y buscar otras opciones de apoyos para ellos.
Ahora, los colectivos promoventes estudian la opción de impugnar esta decisión ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.