Tania Rodríguez Mora, rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, denunció la noche de este martes, en un mensaje a la comunidad, que tanto ella como a Paulina Jaime Muguiro, abogada General de la institución, han vuelto a recibir amenazas de muerte, vía llamadas telefónicas y mensajes electrónicos.

“En dichos mensajes y llamadas se nos intenta intimidar y literalmente nos advierten que ‘le bajemos’; y yo me pregunto: que le bajemos ¿a qué? ¿Cuáles son las actividades y mandatos de la abogada general? Cuidar los intereses y bienes de la Universidad. No de esta administración, de la universidad”, señaló la rectora.

En tanto la abogada Jaime Muguiro señaló que fue electa por el Sexto Consejo Universitario debido a su perfil profesional.

“Ni ella ni su equipo cercano, antes de su nombramiento, formaron parte de la vida de la UACM. Su labor en estos años ha sido honesta y comprometida con la institución. El equipo de la Oficina de la Abogada General merece nuestra solidaridad y apoyo. Su trabajo se hace en nombre de los intereses de la UACM y debemos repudiar esta violencia en su contra”, condenó Rodríguez Mora.

La rectora enfatizó que, desde hace meses, “hemos señalado e intentado poner freno a prácticas que han lastimado a nuestra institución. Prácticas que en algunos casos alcanzaron la calidad de delitos y se han presentado, a través de la oficina de la Abogada, las denuncias correspondientes”.

“Si hacemos un recuento de los litigios en los que la Oficina de la Abogada participa, tenemos fundamentalmente los de orden laboral y aquellos que dan seguimiento a posibles casos de daño patrimonial. Cuidar los recursos, cumplir con una encomienda dada por el Consejo Universitario y ser honestas no puede merecer como respuesta la violencia, la intimidación y el acoso”.

Entre los procesos abiertos destacan: Cinco, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Asuntos Especiales: dos; Servidores públicos: dos; Combate a la corrupción: una); una, en la Fiscalía General de la República; seis, en el Poder Judicial de la Federación; cuatro, ante la Contraloría General; y catorce (relevantes), en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.