El escenario que plantea la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el que viven los cientos de damnificados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 se vuelve más distante conforme pasan los años, ya que mientras la institución encabezada por Ernestina Godoy presume que inmuebles asegurados a criminales que laboraban en la alcaldía Benito Juárez son otorgados a ciudadanos que se quedaron sin hogar a causa del terremoto, complejos habitacionales declarados como inhabitables no poseen un plan de reconstrucción o mejoramiento de vivienda.

El caso del edificio de departamentos ubicado en la calle de Aguascalientes número 12, en la colonia Roma Sur de la alcaldía Cuauhtémoc, es uno de los que se encuentra sin rumbo, ya que a pesar de que múltiples peritajes sostienen que el complejo debe de ser demolido a la brevedad, los habitantes exponen que la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México se empeña a rehabilitar la estructura sin derribarlo, aunque autoridades judiciales han ordenado lo contrario.

Los afectados también niegan que su caso haya sido incluido para ser de los elegidos por la FGJCDMX y por el Gobierno capitalino para ser acreedores a los departamentos asegurados en la calle Petén de la colonia Del Valle, los cuales pertenecían a directivos de obras como Nicias "N" y al exalcalde de Benito Juárez, Christian "N", hogares que tienen un valor de seis millones de pesos cada uno. Hasta el momento, las autoridades han presumido que esas viviendas fueron otorgadas a damnificados, sin embargo, han silenciado la información acerca de quiénes son los beneficiados o el método de selección que utilizan para su otorgamiento.

“Después del sismo tuvimos un acercamiento con Renato Berrón, el titular del Instituto para la Seguridad en la Construcción, nos dijo que el edificio estaba en malas condiciones y se tenía que demoler. Catalogó el inmueble en semáforo rojo en su comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México, pero cinco de los propietarios, por problemas legales, no se salieron del edificio, se ampararon. Le pedimos al anterior comisionado para la reconstrucción, César Cravioto que emitiera un orden de demolición, pero dijo que solamente un juez podía sacar a las personas. Nos amparamos definitivamente para que se ordenara el desalojo y la reconstrucción total (824/2021-1) aunque después, la comisión solicitó otro dictamen para verificar si podía ser rehabilitado, pero se volvió a explicar que a causa de que no había tenido mantenimiento, los daños para los habitantes, tanto para los edificios aledaños y transeúntes, la solución era la demolición”, declaró Ángeles Moreno, vocera oficial del condominio.

“Se fue Cravioto y se quedó la actual titular Jabneli Maldonado y dijo que solamente se iba a rehabilitar, aunque el juez presentó varios dictámenes en los que era imposible vivir ahí y se podía derrumbar. Nunca hicieron caso, solamente giraron la instrucción de rehabilitación al Gobierno de Sandra Cuevas y esa administración pidió otro estudio, en el que se corroboró que el edificio está en peores condiciones, la Comisión seguía aferrada a no demolerlo, solo arreglarlo, ignoraron tres dictámenes”.

Durante el litigio, ante la autoridad judicial se presentaron cuatro peritajes para verificar que la torre de Aguascalientes es inhabitable, investigaciones en las que se explica textualmente: “se pudo corroborar que el edificio sufrió grandes desplazamientos, lo que provocó la fractura de columnas, la estructura se encuentra en grave riesgo de colapso, por lo cual no podrá ser ocupado”. Sin embargo, los habitantes que se rehúsan a abandonar el predio solicitaron que el Poder Judicial de la Ciudad de México que ordenara un nuevo análisis en materia de seguridad estructural, —juicio 909 - 2019— investigaciones realizadas por el doctor Abraham Díaz, el cual dice que: no es posible habitar y dar uso a las áreas del inmueble, no se debe permitir para el uso habitacional de departamentos; el edificio no cumple con los estados límites de prevención de colapso ni el límite de resistencia de la NTC de diseño de estructuras de concreto, por lo que se recomienda la demolición”.

Buscan reparar y no seguir el protocolo de seguridad 

A pesar de las recomendaciones y órdenes, los afectados sostienen que la comisionada Maldonado insiste en reparar las paredes y columnas con un proyecto de reparación a un costo de 30 millones de pesos, en lugar de seguir los protocolos de seguridad y edificar el predio desde el inicio, colocando a los habitantes en una pausa indefinida, en la que mientras ellos solicitan la demolición, la Comisión se limita a resanar y reforzar las trabes. Mientras los habitantes no accedan a las condiciones que Maldonado pretende imponer, su hogar se deteriora rápidamente, incluso, muchos de los antiguos residentes no pudieron regresar a sus viviendas, ya que fallecieron antes de que existiera un plan de reconstrucción.

“No quieren demolerlo porque ya se gastaron el dinero, Maldonado insiste en rehabilitarlo, en otra de las reuniones, se nos dijo que por los movimientos, la torre ya se había enderezado y se podía utilizar, ella aseguró que existe esa posibilidad. Lo único que han entregado son casitas chiquitas, el edificio de la zona rosa lo contraventearon (elemento estructural que se usa para aumentar la rigidez lateral de un edificio), no queremos”.

Luego de las varias advertencias del juez y de los especialistas, los habitantes comentaron que Maldonado insistió en ejecutar un nuevo estudio que le diera la razón, sin embargo, fue elaborado sin la autorización de los residentes, por lo que decidieron expulsar del inmueble a los supuestos peritos.

“¿Por qué de esos edificios que aseguró la Fiscalía no nos dan uno a los de Aguascalientes? Que somos personas de la tercera edad y no tenemos hogar, algunos ya no pudieron regresar, trece ya fallecieron, la Fiscalía no entrega departamentos del cártel inmobiliario, nos dejó morir lejos de nuestro hogar ¿Quién les cuestiona acerca de a quién los entregan? Les vino como anillo al dedo lo del cártel inmobiliario, como Santiago Taboada es el candidato, fue una cortina de humo, si mi casa se afectó en otra colonia ¿Por qué me lo tienen que dar en la colonia Del Valle? Que me den mi casa donde vivía”.

Contradicción en cifras 

El Gobierno capitalino declaró que hasta el momento, ha entregado más de 120 inmuebles nuevos, al mismo tiempo que atiende 21 mil 109 viviendas que necesitan rehabilitación. Con ello, las autoridades de la metrópoli aseguraron que durante el mes de diciembre entregarán mil 347 hogares, de modo que completarán más del 95 por ciento de atención al programa de construcción, no obstante, las más de 70 familias afectadas de Aguascalientes hacen que las cifras de las autoridades no cuadren.

También, en la presentación del Paquete Económico de la capital para el 2024, el jefe de Gobierno, Martí Batres, comentó que durante su último ejercicio de Gobierno, le dará prioridad a la construcción de la vivienda social y reiteró que con el incremento de mil 23 millones de pesos hacia el Instituto de la Vivienda (INVI) para la edificación de inmuebles para los damnificados del sismo del 19 de septiembre se garantiza el derecho a la vivienda de interés social para todas las familias.

"No vamos a ser como Vicente Fox, que te decía: aquí está tu casa, pero hasta Huixquilucan, nosotros la vamos a otorgar en la Ciudad de México", expresó.

Durante su quinto informe del jefe de Gobierno en el Congreso capitalino, expresó como promesa número 20, comenzar las obras de todos los damnificados del 2017 que falta e hizo un llamado al Poder Judicial Federal a resolver la problemática e iniciar la reconstrucción o rehabilitación, según se decida; aunque por el momento, Maldonado y la Comisión se niegan a seguir las órdenes de un juez federal.