El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac demandó la desaparición de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) en los tribunales.

El Frente, conformado por habitantes de los pueblos y barrios de las alcaldías de Xochimilco, Tlalpan, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán e Iztacalco, indicó que las demandas fueron levantadas a causa de que la dependencia gubernamental busca desaparecer y controlar a los pueblos originarios.

En este sentido, los integrantes del Frente anunciaron que en total presentaron dos demandas de protección efectiva de derechos ante los Juzgados de Tutela de Derechos Humanos de la Ciudad de México con el fin de que se declare la inconstitucionalidad misma de la SEPI y de los actos jurídicos que de ella emanen, incluido un Sistema de Registro de Pueblos y Barrios Originarios.

A su vez, demandaron que la existencia de la Secretaría debió de haber sido consultada con los pueblos y barrios originarios, pues en la Gaceta Oficial del 3 de enero del 2019, se señala que debe ser consultada la relación institucional entre el gobierno y los pueblos.

“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad que las instituciones encargadas de garantizar los derechos de los pueblos deben ser diseñadas con ellos, y que la Suprema Corte de Justicia cuenta con criterios en los que ha anulado disposiciones jurídicas que crean o modifican instituciones vinculadas con los pueblos, por falta de consulta”, refirieron.

“La SEPI no es un instrumento de defensa de los pueblos, es un instrumento de control político y de negativa de derechos, por lo que ahora lucharemos por todas las vías por su desaparición”.

De acuerdo a la información brindada, a mediados del 2022, la SEPI emitió la Convocatoria para el Sistema de Registro de Pueblos y Barrios Originarios, el cual desapareció a estas comunicades jurídicamente al privarlos de ser sujetos de derechos, ya que estableció que, desde la publicación de la Convocatoria, los pueblos sólo serían grupos sociales.

Dichas zonas volverían a ser consideradas como pueblos hasta que aceptaran el Sistema de Registro, cuyos lineamientos, supuestamente, nunca fueron consultados y además resultaron regresivos y discriminatorios.

Por lo anterior, los integrantes consideraron que el actuar de la SEPI y de su registro es un mecanismo de control político hacia los pueblos y barrios, pues sólo aquellos que pasen por el filtro de la SEPI serían considerados como sujetos de derechos colectivos, y solo aquellas autoridades tradicionales que sean reconocidas como tales de forma unilateral por la Secretaría van a poder ser interlocutoras válidas con el gobierno.

Dichas acciones, dijeron, tienden a desconocer las formas de organización propias de los pueblos y barrios originarios.

El frente puso como ejemplo un caso en el que la SEPI negó la existencia del pueblo de Xoco y de su territorio, lo que supuestamente favoreció a grandes desarrollos inmobiliarios, tales cómo Mitikah.

Finalmente, invitaron a todos los pueblos y barrios originarios a sumarse a la denuncia, así como a no seguir fortaleciendo a la institución pública.