Con el fin de que termine el rezago legal ante el incremento de los delitos llamados cibernéticos, el diputado Nazario Norberto Sánchez presentó una iniciativa que adiciona un capítulo 3 al Título 7 del Código Penal Local, para establecer una penalidad de 3 a 5 años de prisión y una multa de 300 a 500 unidades de medida de actualización (44 mil 810 pesos), a quien use indebidamente las tecnologías de la información y comunicación para defraudar, obtener dinero, bienes o información o provoque la pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad.
Además, se busca imponer la misma sanción a quien modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado o de empresas privadas, protegida por algún mecanismo de seguridad, y finalmente, se agrava la pena hasta una tercera parte cuando los datos sean utilizados en provecho propio o ajeno por parte de algún servidor público.
También aumentará hasta en una mitad cuando a través del uso de los medios electrónicos o informáticos y redes sociales, se realicen conductas de usurpación de identidad, abuso y acoso sexual, fraude, extorsión o cualquier otro hecho que la ley señale como delito.
La iniciativa del Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, turnada a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Seguridad Ciudadana, indicó en la exposición de motivos que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) durante 2019 en nuestro país las pérdidas monetarias de quienes fueron víctimas de uno o más ilícitos ascendió a 225 mil millones de pesos, siendo los delitos informáticos la cuarta causa de estas mermas.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), ha señalado que en el segundo trimestre del 2021 disminuyeron en 5 por ciento los fraudes cibernéticos en comparación con el año 2020, pero cada año lamentablemente aumentan con mayor proporción, al pasar del 47 por ciento en 2017 a un 70 por ciento en 2021.
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