A las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se presentó la tarde de este miércoles la investigación “Policías al grito de guerra: ser policía en una corporación militar”, misma en la cual Causa en Común dio a conocer los testimonios de ex policías federales en su transición a la Guardia Nacional a fin de comunicar la situación de abandono y atropello de derechos que atraviesan miembros y ex miembros de la institución.

Con el fin de incidir en las discusiones legislativas que buscan autorizar al presidente de la República disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, Causa en Común, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Seguridad Sin Guerra, presentaron la investigación contenedora de testimonios de 10 mujeres y 22 hombres, la mayoría con más de una década de servicio como policías.

Dentro de los 32 testimonios se aseguró que los afectados han tenido que trabajar en un contexto de discriminación y criminalización constante por parte de los mandos militares y del propio presidente de la República.

“Su silencio detrás de estas paredes (señalando a la SCJN) es el cómplice de una Guardia Nacional Militar. Como saben en 2019 la Guardia Nacional se creó como un órgano de carácter civil, y sin embargo desde el día uno lo hicieron militar”, expuso Marcela Villalobos, integrante de Seguridad Sin Guerra.

La activista además mencionó que “desde el 2019 se contaron cinco años para que las fuerzas armadas regresaran a sus cuarteles y hoy la Guardia Nacional obliga a policías federales a renunciar por despidos injustificados obligatorios”, agregó que en la institución hay violaciones a los derechos de las personas que trabajan ahí, falta de certeza laboral, así como acoso y hostigamiento para que trabajadores abandonen sus cargos.

A lo largo de la presentación se contó con el testimonio de Adriana Herrera, una expolicía federal:

“Vengo aquí a exponer mi caso, como ciudadana mexicana, como abogada, como testigo de muchas de las irregularidades en las que han incurrido servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y también como víctima de esas irregularidades. Creo que las modificaciones que se han hecho por parte del poder legislativo en relación con los militares asignados a la Guardia Nacional y la inferencia de las fuerzas armadas permanentes en este fortalecimiento están equivocadas”, dijo.

“Las fuerzas armadas no están capacitadas para desempeñar funciones de seguridad pública porque sencillamente no están preparadas para eso. Yo fui testigo del proceso de reclutamiento, y al momento de darlos de alta, lo hicieron como soldados policías militares asignados a la guardia de manera forzosa a la Guardia” sentenció.

La expolicía militar también acusó a la Sedena de ejercer malas prácticas respecto a las víctimas generadas con acciones de contención a la violencia.

“Cuando la Sedena genera víctimas por disparos derivados a enfrentamientos o por excesivo de la fuerza, las trata a través de la llamada Unidad de Atención a Víctimas y las acosa con el fin de que firmen convenios de asistencia inmediata y calcula reparaciones de daños con capital con la que no se cuenta” contó.

Adriana Herrera finalizó diciendo que la misión principal de las fuerzas armadas es cumplir una orden específica, “no es la seguridad de las personas, ni proteger su integridad física o algún patrimonio, es cumplir la orden. No importa si esa orden carece o no de un marco jurídico”.

Por su parte, Lucía Chávez, directora de la CMDPDH, habló de las consecuencias de la militarización. Apuntó que México lleva 16 años de estrategia fallida en materia de seguridad pública en donde la lógica militar se ha superpuesto a la lógica de seguridad ciudadana y al control del militarismo. Puso como ejemplo que del 2008 a la fecha hay más de mil denuncias de tortura en donde se señala a la SEDENA como responsable, y sólo 33 de estas denuncias han sido judicializadas.

“Es muy impactante el silencio de la suprema corte, porque cada día que el ejército está en las calles, están muriendo muchísimas personas. Al menos 160 mil personas han sido detenidas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos también está en silencio”, expresó la directora.

En su intervención, María Elena Morera, presidenta de Causa Común, enfatizó que el movimiento no está en contra ni de las fuerzas armadas, los militares y marinos, sino que protestan contra los mandos “que decidieron pisar la constitución y que todos los días deciden pisar a los miembros de la Guardia Nacional”.

También informó que dentro de los testimonios se pueden observar las faltas ocasionadas a miembros que forman parte de la institución.

Entre las exigencias compartidas con el fin de darle solución al problema de inseguridad se encuentran: que la guardia sea civil; que se respeten los derechos laborales de los policías que continúan trabajando en la Guardia, así como de los soldados y marinos; que se impulse la dignificación de las policías civiles municipales y estatales; que regresen los fondos de los programas federales de apoyo a las policías.

Cabe añadir que Causa en Común comunicó que para la realización del trabajo se analizaron tres ejes que comprenden la situación que atraviesa la Guardia Nacional y el trato a expolicías:

I) Condiciones laborales

II) Pérdida de capacidades e información

III) Consecuencias para la seguridad y el bienestar del país.