La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) resolvió que no hay condiciones de competencia efectiva en 97% del país, es decir, en 213 de los 220 mercados geográficos definidos para la distribución de gas LP) a usuarios finales mediante plantas de distribución y auto tanques lo que muchas veces se traduce en aumento de costos para el consumidor sobre todo para el de escasos recursos.

El órgano antimonopolio acusó que en particular, en el periodo comprendido entre diciembre de 2016 y abril de 2021, los distribuidores incrementaron en promedio 145% su margen de ganancia bruto promedio a nivel nacional.

“ Esta declaratoria resulta relevante porque los mercados energéticos, como el del gas LP, tienen un efecto transversal en la economía, lo que implica que cuando sus precios suben aumentan los costos para producir otros bienes, por ejemplo, algunos alimentos, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo de las familias, en especial las de menores ingresos”, alerto

Detalló que en México, el gas LP es el principal combustible usado por las familias y negocios para cocinar, calentar agua y proporcionar calefacción en los hogares. Este combustible se adquiere de vehículos de reparto en recipientes portátiles (“cilindros”) o mediante cargas que hacen los autotanques en las instalaciones que los consumidores tienen en sus domicilios (conocidos como tanques estacionarios).

La Cofece informó que entre los elementos identificados que inhiben la competencia destacan: una elevada concentración en múltiples mercados regionales.

Además, existen comisionistas y agrupaciones clandestinas y pseudo sindicatos cuyas conductas constituyen una barrera de entrada, pues inhiben o dificultan la concurrencia de distribuidores a ciertas zonas geográficas, en especial en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Eso sin contar que también existen barreras para que potenciales competidores entren a estos mercados por los altos costos de inversión, como los relacionados con el establecimiento y puesta en operación de una planta de distribución, la adquisición de flota vehicular y cilindros portátiles, un retorno a largo plazo (entre 3 y 10 años), así como elevados costos hundidos.

De confirmarse el sentido de este Dictamen corresponderá a la CRE establecer la regulación de las contraprestaciones, precios o tarifas, explicó la Cofece