La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió sobre posibles riesgos en materia de competencia y libre concurrencia derivados del Acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador mediante el cual todas las obras de infraestructura del gobierno federal serán consideradas como asuntos de seguridad nacional.

El organismo antimonopolio alertó que este Acuerdo podría generar un régimen regulatorio asimétrico en función de quién realiza los proyectos y obras pues podría implicar tratos preferenciales en detrimento de la competencia.

Advierte que este Acuerdo otorga trato preferencial a una amplia gama de proyectos a cargo del Gobierno Federal que, según ellos, califiquen como de interés público y seguridad nacional y critica la inconsistencia en las leyes aplicables para otorgar a esas obras una autorización provisional de 12 meses con relación a los dictámenes, permisos o licencias necesarios para su realización en un plazo máximo de 5 días hábiles, y en caso de no ser emitida, establece como consecuencia la afirmativa ficta, sin que ello en todos los casos esté plenamente justificado en consideraciones de riesgo a la seguridad nacional o el interés público.

“Esto podría otorgar trato asimétrico y preferente respecto de proyectos públicos y privados, a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos establecidos en función de riesgos”, recalca

La Cofece explica que el hecho de que un proyecto sea declarado de interés público y seguridad nacional, no implica que las contrataciones relacionadas encuadren como una excepción a la licitación pues se deben privilegiar las licitaciones públicas para que el Estado esté en posibilidad de conseguir las mejores condiciones de contratación.

Las excepciones –agregó--deben responder a casos específicos y delimitados, donde exista una racionalidad clara de peligro, riesgo o alteración a la seguridad pública conforme a la normatividad aplicable.

En ese sentido, la Cofece advirtió que se mantendrá atenta y vigilante ante actos públicos o privados que puedan afectar las condiciones de competencia en perjuicio del funcionamiento eficiente de los mercados y en detrimento del bienestar del consumidor.