Las empresas Trafigura e Impulsora de Productos Sustentables están en el centro de un caso de huachicoleo marítimo, de acuerdo con fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Diversos barcos de bandera nacional y de otros países serían utilizados para simular la exportación de combustible desde nuestro país, pero unas millas adelante darían la vuelta hacia otros puertos y, aparentando su importación, se reintroducirían al país para generar un beneficio económico tramposo.

El problema estaría afectando a las plataformas marinas de la Sonda de Campeche, lo que ya habría dado como consecuencia una investigación a la trasnacional Trafigura, así como a la mexicana Impulsora de Productos Sustentables, previamente mencionadas. Uno de los nombres que han saltado es el de Amado Yáñez.

La operación implicaría a miles de barriles de combustible de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que serían “reetiquetados” y documentados fraudulentamente para falsear su origen y distribuirlo rápidamente hacia gasolineras.

La investigación, además de la UIF, contaría con la participación de la Marina Armada de México, como cabeza de sector de los puertos mexicanos y Hacienda. Con participación del SAT, se logró detener dos barcos propiedad de Trafigura e IPS, en sendos operativos.

La indagatoria de Trafigura también llegó a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entes que habrían tomado medidas contra dicha trasnacional con la suspensión de cinco permisos para importar gasolinas y turbosinas, esto desde el pasado 20 de septiembre.

Cifras del último Informe Nacional de Seguridad detallan que, actualmente, PEMEX sufre un hurto promedio de 4.5 mil barriles de hidrocarburos diarios, mientras que en 2018 –el último año del gobierno de Enrique Peña– el promedio alcanzó los 56 mil barriles diarios robados. El reporte añade que el 20 de septiembre fueron sustraídos ilegalmente 5 mil barriles; el 21 de septiembre, 6 mil y el día 22, 4 mil barriles.

LA LUPA EN TRAFIGURA

Con oficinas en 48 países –entre ellos México– Trafigura comenzó a ser investigada hace unos meses cuando intentó ingresar un cargamento de combustibles por el puerto de Tuxpan, Veracruz, careciendo de la documentación que lo respaldaba, por lo que la Capitanía de Puerto no le permitió el ingreso e informó de inmediato a la Secretaría de Marina; sin embargo, la tripulación del barco logró descargar la mayoría del producto en el tiempo en el que se movilizaban las autoridades para impedírselo.

Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República e informado a la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía –encargada de los permisos– y a la Secretaría de Hacienda, para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) iniciaran las investigaciones pertinentes, mientras Marina junto a la FGR aseguraron el combustible.

La trasnacional no quiso pronunciarse sobre estas investigaciones ni sobre el cargamento presuntamente ilegal, aunque en su momento el portavoz estableció que no existían razones válidas que justifiquen la suspensión de los permisos de importación y que cumplía con las leyes y regulaciones aplicables en las jurisdicciones donde opera.

Posteriormente la Secretaría de Energía emitió una comunicación la noche del 20 de septiembre donde dio a conocer la suspensión de cinco permisos a Trafigura; cuatro de ellos están “en proceso de revocación” y uno en “procedimiento de caducidad”.

En julio pasado, la agencia internacional Reuters difundió que Petróleos Mexicanos había suspendido temporalmente nuevos negocios con la transnacional, pues “enfrenta un escrutinio global por presunta corrupción” y que la Comisión Reguladora de Energía ha cancelado más de 100 permisos de comercialización de petrolíferos, gas y otros productos, entre ellos uno de la petrolera Shell y otro del grupo español Iberdrola, alegando falta de actividad durante un año. Finalmente, el Sistema de Administración Tributaria anunció la suspensión de 82 empresas del padrón de importadores.

ALEMÁN MAGNANI, AMADO YÁÑEZ y EL BARCO DE IMPORTADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES

Un añejo relato es el de Importadora de Productos Sustentables, que involucra a Miguel Alemán Magnani y al empresario exconvicto Amado Yáñez, dueño de la empresa Oceanografía y exsocio de los hermanos Bribiesca Sahagún, quienes durante la administración de Vicente Fox cabildeaban contratos en Pemex a favor de empresas privadas. Informes de inteligencia revelan que el inversionista negociaría a nombre de IPS sin aparecer formalmente como socio.

La historia de sospecha llega también del mismo puerto de Tuxpan en donde la el barco de la empresa mexicana intentó descargar combustible de origen ilegal. En siete ocasiones la Capitanía de Puerto le impidió hacerlo: cada vez que recibía una negativa, la embarcación salía a mar abierto y regresaba con otro documento falso; cuando se volvía a detectar que era falso volvían a salir.

Al séptimo intento, el barco dio la vuelta por el canal de Panamá y regresó a México, pero esta vez por el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ahí lograron bajar el combustible, aunque llamaron la atención de pobladores que denunciaron a las autoridades federales el movimiento de decenas de pipas, algo inusual en ese puerto que de manera cotidiana el movimiento es de otro tipo de cargamentos, pero no combustible ante la falta de ductos.

Las autoridades locales alertaron a la Guardia Nacional por lo que podría constituir un problema de seguridad nacional, relacionado a un tema de delincuencia organizada y posible narcotráfico. El barco fue asegurado, pero en el proceso de investigación el capitán del mismo fue asesinado.

En los expedientes de la investigación se establece que el contacto con trabajadores de Pemex es Amado Yáñez y que el combustible lo roban directamente de las plataformas de Petróleos Mexicanos en la Sonda de Campeche: lo sacan al Golfo de México, lo llevan a mar abierto y lo regresan por Tuxpan para posteriormente ingresarlo como si se tratara de importaciones amparadas con documentación falsa.

De igual manera, las autoridades mexicanas sostienen la hipótesis de que en estas operaciones participan personajes del crimen organizado, porque dos asociados de Importadora de Productos Sustentables son buscados por la DEA (Agencia Antidrogas estadunidense).

LA RED DE IMPORTADORA DEPRODUCTOS SUSTENTABLES

El expediente de la investigación establece que Importadora de Productos Sustentables, SAPI de CV, forma parte de una red comercial en la cual participan, entre otros, Galem Energy (su propietaria), ABC Aerolíneas (Interjet), WP Soluciones Industriales, Grupo Petrolero Arca, Energéticos Citrícola, Pacífico Fondo Empresarial, Marlaya, Miguel Alazalde, Nafta Aditivos Orgánicos, Energéticos y Multiservicios Especializados Pirosol, Oil and Fluids Business Center, Perforaciones Marítimas Latina, Constructora y Perforadora Latina, Grupo Potesta, Vector Casa de Bolsa, Altos Energéticos Mexicanos, Comercializadora de Combustible Gutasa, Ecocarburante. Todas éstas con una relación comercial mayor a 10 millones de pesos.

Se detalla que la empresa se especializa en la comercialización de gasolina, diésel, turbosina, diáfano, petróleo, carbón vegetal y leña, y su actividad principal se identifica como el comercio al por menor, con domicilio fiscal en Zapopan, Jalisco, y a finales de 2020 con registros de una defraudación fiscal por 1 mil 526 millones 248 mil pesos.

Entre sus representantes legales, socios y accionistas figuran Rafael Gallegos Guillén, Édgar Marín Meza Moreno, José Isabel Murguía Santiago, Ricardo Ramírez Frías –investigado en lo individual por ser representante de 210 empresas de las cuales al menos 15 son empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS) definitivas–, Aldo Ignacio Ulloa Temblador –investigado por sus nexos con Operadora Serviab, empresa presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación– y Eric Daniel Zamora Delgadillo –exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social, delegación Jalisco, y también investigado por sus vínculos con Agrícola Boreal, supuestamente ligada al mismo grupo delictivo.

En los reportes de inteligencia destaca que IPS presenta cuatro factores de riesgo para la seguridad nacional: interactúa con EFOS, que cuenta doble; operación recíproca y otros riesgos. Por ejemplo, sus vínculos con personas físicas y morales cercanas al crimen organizado.

Otros elementos de alarma para las autoridades federales tienen que ver con sus representantes legales. De Aldo Ignacio Ulloa Temblador se señala que fue representante de la asamblea de socios de Operadora Serviab, SA de CV, empresa vinculada a Reginaldo Allala Allala, detenido por su participación en las operaciones financieras de Nemesio Oseguera Cervantes -Mencho-, líder del CJNG.

Asimismo, se le identifica como representante legal de otras seis empresas creadas entre 2013 y 2017. Todas –incluida IPS– fueron constituidas con capitales menores a los 100 mil pesos, en comparación con el sector económico en que operan, y con objetos sociales de otros sectores económicos que después se modificaron hacia los hidrocarburos.

De Zamora Delgadillo se expone que es representante de Agrícola Boreal, SPR de RL, identificada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como lavadora de dinero para el Cartel Jalisco Nueva Generación. Dicha empresa originalmente fue fundada por Jeniffer Beaney Cazares Camacho, esposa de Abigael González Valencia, alias Cuini, líder del grupo criminal Los Cuinis, aliados del CJNG.

La red empresarial con la que se alió Importadora de Productos Sustentables incluye lo mismo a contratistas de Pemex que a distribuidoras de combustibles y estaciones gasolineras. Estas últimas serían las que –a juicio de los órganos de inteligencia– se encargan de la venta de las gasolinas y diésel robados en grandes cantidades a Pemex, con la complicidad de trabajadores petroleros sindicalizados.