Exactamente a un mes del reemplazo en la dirección general del Aereopuerto Internacional de la Ciudad de México, que ahora recae en el piloto aviador en retiro y maestro en seguridad nacional de la Marina, José Ramón Rivera Parga, el líder de taxistas 'pirata', Óscar Ernie Orozco, que opera sin dar certeza de seguridad a los usuarios del servicio de alquiler, presuntamente ha buscado la consideración del recién nombrado funcionario bajo el argumento de haber enfrentado "daños económicos" por parte de Carlos Velázquez Tiscareño, un prestigiado miembro de las Fuerzas Armadas y extitular de la terminal aérea.

En la denuncia que se hace pública de manera masiva, se advierte que las autoridades han tomado en cuenta las alertas de peligro para los usuarios de que acudan al servicio de alquiler irregular para sus traslados dentro de la Ciudad de México.

Se señala que Óscar Ernie Orozco forma parte de las empresas Confort Unlimited y Casadey, identificadas plenamente en la operación ilegal en el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México "al ofrecer servicios de taxis 'pirata', que se acreditan con permisos particulares de Guerrero, sin placas, sin engomados y sin números económico, que está prohibido por la ley y las autoridades aeroportuarias, toda vez que esas unidades deben circular con placas federales autorizadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)", por ello advierten en que usuarios tengan cuidado y se interesen en identificar el servicio irregular de alquiler de traslados de particulares.

De acuerdo con las denuncias que están en las redes sociales, incluso de un boca en boca en las inmediaciones del AICMz, se dice que Oscar Ernie Orozco Perea, fungió como encargado de la Subdirección de Terminal y de Supervisión de Transportación Terrestre y ahora lo vinculan con la 'llamada Estafa Maestra

"Continúan las anomalías y corruptelas al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), toda vez que una amplia red de taxistas 'pirata' que fue detectada en plena operación en las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se niega a suspender sus labores y retirarse definitivamente a pesar de que las autoridades aeroportuarias ya se los han exigido y toda vez que su presencia representa un peligro para los millones de pasajeros que solicitan servicio de transporte a hoteles u otros destinos de la capital", se lee en la denuncia.

Aunque en la Cámara de Diputados se habló de un punto de acuerdo por parte de los legisladores del Partido del Trabajo, para llamar a las autoridades a que pusieran atención y, en consecuencia, actuaran contra la corrupción en el AICM, lo cierto es que ahí sigue la evidencia que se puede poner en peligro a todo aquel que use el servicio de taxi y que opere dentro del propio aeropuerto capitalino.

"Los líderes del servicio 'pirata' -según las versiones en redes sociales- han aprovechado que recientemente fue nombrado como director general del AICM, a José Ramón Rivera Parga, para aferrarse a sus actividades ilícitas con el pretexto de pedirle que los defienda, que les haga justicia para que no los quiten y los ayude a vengarse por todo el daño que les hizo el anterior titular, Carlos Velázquez Tiscareño".

Se destaca incluso una imagen de Óscar Ernie Orozco Perea, a quien también vinculan con María Guadalupe Espinosa Martínez, presunta dueña, administradora y representante de Casadey, Servicio de Transporte Federal de Pasajeros, a quien favoreció con la entrega de tres módulos de venta pese a que solamente cuenta con 12 unidades "pirata" y cuatro permisos ilegales para la prestación del servicio de transportación terrestre de o hacia puertos marítimos y aeropuertos, con el objetivo de que la empresa garantizara su crecimiento.

Los denunciantes dicen que los permisos fueron alterados por el exservidor, y advierten que desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se falsificaron documentos para que presuntamente se autorizara el trámite correspondiente, "con lo que incurrió en el delito de falsificación de documentos. Es de resaltar que el presunto responsable pretendió solicitar 80 autorizaciones a dicha dependencia, pero no lo consiguió toda vez que fue cesado del cargo, pero cree que siempre puede actuar en la ilegalidad".