Horas después de que el juez federal de la Corte de Distrito en Boston, Massachusetts, F. Dennis Saylor desechara la demanda presentada por el gobierno de México contra ocho fabricantes de armas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que ya prepara los argumentos jurídicos y legales para apelar la decisión y advierte que no cesarán en insistir en que el comercio de armas debe ser responsable, transparente y con rendición de cuentas.

La cancillería informó que el juez Saylor decidió que las empresas demandadas gozan de la protección de la ley estadounidense y que está impedido para cuestionar la voluntad del Congreso de ese país, “aun cuando los señalamientos de la demanda pueden evocar una respuesta empática”.

En la misma línea, la Secretaría de Relaciones Exteriores refirió también que el juez estadounidense argumentó que “aun cuando la Corte tiene considerable empatía por las personas de México, y ninguna por quienes trafican armas a organizaciones criminales, debe ceñirse por lo dispuesto en la ley”.

“Se trata de la decisión en primera instancia de una acción inédita y valerosa del gobierno de México para evitar que armas de fuego, muchas de alto poder, causen violencia en nuestro país”, subrayó la cancillería.

La dependencia indica que la demanda de México ha recibido reconocimiento mundial y ha sido considerada como un parteaguas en la discusión sobre la responsabilidad de la industria de las armas en la violencia que se vive en México y en la región.

“Procuradores estatales y fiscales estadounidenses, académicos, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de otros países apoyan al Gobierno de México en esta acción”, aseguró la SRE en un comunicado.

Frente a esta situación, la cancillería destacó que México continuará actuando para terminar con el tráfico ilícito de armas. “La demanda civil por daños en contra de quienes lucran con la violencia que sufren los mexicanos pasa a una segunda etapa, en la cual la cancillería seguirá insistiendo en que la negligencia de esas empresas afecta gravemente a nuestro país”.

ANTECEDENTE.

Hace 14 meses (4 de agosto de 2021) el gobierno de México demandó a ocho empresas fabricantes de armas en Estados Unidos (Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y el vendedor y distribuidor Interstate Arms), por considerar que su comercio "negligente e ilícito" alienta el narcotráfico y la violencia en territorio mexicano.

De acuerdo con la cancillería, de 342 mil a 597 mil armas fabricadas por esas empresas llegan anualmente a México de manera ilegal, lo que ha cobrado más de 340 mil vidas desde diciembre de 2006.