Netzaí Sandoval –titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, cuando el ministro Arturo Zaldívar fue presidente de la Suprema Corte y actual secretario de Estudio y Cuenta en la oficina de la ministra Lenia Batres-, rechazó señalamientos de corrupción, haber sido parte de un presunto esquema encabezado por el ministro en retiro, para presionar a jueces y magistrados.

Lo anterior, luego de que se hizo pública una denuncia anónima en la que Netzaí Sandoval es señalado por ser el encargado de ejecutar las instrucciones de Zaldívar Lelo de Larrea desde la defensoría pública, esto a fin de no sólo tener controlados a los jueces, sino además a los defensores y asesores jurídicos.

Ante ello, adelanta que exigirá investigar a quien filtró a los medios de comunicación un acuerdo inicial con datos personales y una denuncia sin pruebas.

A través de diversos mensajes en su cuenta de la red social X, @Netzai_Sandoval, (antes twitter), Netzaí Sandoval se refiere a diversos asuntos señalados en la denuncia anónima, mismos que busca aclarar de manera puntual y niega cualquier irregularidad.

“Entiendo que no soy el objeto principal de la actual campaña de difamación. Se pretende afectar a personas y a movimientos de largo aliento que están luchando por la transformación del país. Pero es mi deber aclarar algunas cosas”, sostiene.

En sus publicaciones, advierte, que no presionó a personal judicial en los casos que le interesaban al gobierno de López Obrador, como Ley de Hidrocarburos, Industria Eléctrica, Santa Lucía, Tren Maya, Emilio Lozoya, entre otros, y argumenta que ninguno de estos asuntos fue llevado por la Defensoría Pública.

Ante el señalamiento de que tenía un Penthouse en Santa Fe, responde que, tiene “un departamento que está en mis declaraciones patrimoniales y muy lejos de Santa Fe”.

Respecto a acusaciones en el sentido de supuestamente cometer actos irregulares en el IFDP, como contratar personas que no cumplían con el perfil requerido para los puestos que ocuparon, explica que “cada nombramiento de la Defensoría era aprobado por la Comisión de Administración del CJF. No podría haber contratado personas que carecieran del perfil para ser defensoras o asesoras jurídicas”, replicó.

Se refiere también a los señalamientos de que la unidad de peritos tenía costo elevado, y establece que “nuestros peritos ganaban menos que los de CJF y atendieron más de 21 mil casos”.

El tema de la emergencia sanitaria por pandemia por la COVID-19, y que presuntamente Netzaí Sandoval, prohibió a los defensores promover amparo contra falta de atención médica en Covid “para que no se viera inflada la estadística del gobierno”, el propio Sandoval señala que “Se atendió a miles de personas ante la pandemia”.

Otra acusación que se le hace de que el convenio con fuero común para representar mujeres no era gratuito, responde que “estoy seguro que ni una de las miles de personas que liberamos se va a prestar a una infamia así. Gratuidad y ética fueron nuestra guía. Los testimonios públicos de mujeres liberadas hablan por sí mismos”.

Respecto al señalamiento de que la cercanía de Netzaí “con el Presidente (López Obrdor), se ve en cargos a los que fue propuesto, sostiene que “no quedé en ninguno de esos cargos, y también rechaza acusaciones en el sentido de que, presionó a jueces en casos clave, precisa que “en ninguno de ellos participó el IFDP, ¿cómo favorecí a alguien en casos que no llevé?”.

Netzaí Sandoval reprocha que el PJF testa los nombres de los acusados en las sentencias que se emiten en los órganos jurisdiccionales federales, pero que en este caso los nombres de los funcionarios y exfuncionarios denunciados no fueron protegidos.

Por ello, afirma que exigirá investigar la filtración a medios de comunicación del acuerdo de admisión de la denuncia anónima y la orden de iniciar pesquisas contra los señalados.

“¿Es común que una investigación se emprenda aceleradamente con este desaseo en época electoral?, plantea.