El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) entregar los documentos que certifiquen que el Consejo Académico conoció y aprobó la modificación al Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), discutido por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2022.

Docentes y alumnos, acusaron en esa ocasión a la titular del Conacyt, María Elena Alvarez-Buylla de modificar los estatus del CIDE, para imponer como director a José Romero Tellaeche, lo que provocó que la comunidad de esa institución educativa, se manifestara a las afueras del Senado.

La Comisionada Norma Julieta del Río Venegas afirmó que la información relacionada con el proceso de recomposición y los cambios al interior de los centros públicos de investigación debe ser publica, sobre todo, en casos como el del CIDE, donde se han señalado irregularidades en el nombramiento de su Director General.

“Desde el año 2021 estudiantes y profesores del CIDE han denunciado diversas irregularidades que han acaparado la atención de la opinión pública en general. A grandes rasgos, se afirma que el Conacyt impuso a un director ajeno a los intereses de la comunidad estudiantil, y que esto ha vulnerado la vida académica y la autonomía de los contenidos impartidos en este Centro.

“Desde la trinchera del INAI y en nuestras competencias, vamos a seguir resolviendo apegados a Derecho en este tema tan polémico en la vida académica del país”, aseveró Del Río Venegas.

En enero del 2022, la Asamblea de Asociados del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) aprobó la modificación a los estatutos del centro de estudios, lo que significó que éstos se cambiarán para poder hacer que el Doctor José Romero Tellaeche tome protesta como director.

El Conacyt declaró la inexistencia de la información y aseguró que no existe fundamento para sostener que las modificaciones sometidas por los Asociados a consideración de la Asamblea General deban ser aprobadas previamente por el Consejo Académico, con excepción de las propuestas del Director General del Centro.

El INAI señaló que la institución no consultó a todas sus áreas competentes, como la Subdirección de Gobierno, Fortalecimiento e Integración de Centros Públicos de Investigación y la Subdirección de Análisis de Información.

Del Río Venegas advirtió que, en efecto, el Conacyt no consultó a todas las unidades administrativas competentes para conocer la información.

Detalló que la Unidad de Asuntos Jurídicos es responsable de revisar, validar, opinar o dictaminar sobre los aspectos jurídicos de los documentos, instrumentos normativos y demás asuntos relacionados con las atribuciones del Conacyt, que son planteados por las Unidades Administrativas y los Centros Públicos de Investigación.

Por ello, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta del Conacyt y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva a fin de que proporcione a la persona los documentos que certifiquen que el Consejo Académico conoció y aprobó la modificación al Estatuto General del CIDE.