Panel con EU por maiz genera dudas sobre compromiso de México en T-MEC: IMCO
"Esto tiene repercusiones directas en la competitividad del país, pues obstaculizan el buen funcionamiento de los tratados", advirtió
diferendos
EU pidió un panel de controversia por el decreto del gobierno de México sobre el maiz
Con el panel para resolver la disputa sobre el maíz que pidió Estados Unidos ya son dos diferendos con Estados Unidos en el marco del T-Mec que contradicen las obligaciones estipuladas en los acuerdos comerciales, lo que pone en duda el compromiso de México con sus obligaciones en esta materia pero sobre todo tiene repercusiones directas en la competitividad del país.
“Esto tiene repercusiones directas en la competitividad del país, pues obstaculizan el buen funcionamiento de los tratados y el aprovechamiento de las facilidades al comercio que ofrecen”, advierte el IMCO
A tres años de la primera revisión del T-MEC, estos conflictos comerciales activados por decisiones del gobierno de México generan incertidumbre entre los países socios del T-MEC
“Las diferencias respecto a las medidas de productos de biotecnología agrícola se suman a la disputa derivada de la política energética de México, cuya coherencia con las disposiciones del T-MEC también ha sido cuestionada por Estados Unidos y Canadá, y sobre la cual se mantiene otro proceso de resolución de controversias bajo el Capítulo 31. El proceso de solución de la controversia energética aún no ha sido resuelta”, establece
Al amparo del T-Mec, Estados Unidos impugnó las medidas establecidas en el decreto del gobierno de México del 13 de febrero de 2023, específicamente la prohibición del uso de maíz biotecnológico en tortillas o masa, y la instrucción a las dependencias del gobierno mexicano de sustituir gradualmente -es decir, prohibir- el uso de maíz biotecnológico en todos los productos para consumo humano y para alimentación animal.
El IMCO advierte que las políticas públicas que contradicen las obligaciones estipuladas en los acuerdos comerciales, así como la lenta resolución de las diferencias que surgen entre los países socios, “ponen en duda el compromiso de México con sus obligaciones comerciales”.
Por ello—agrega--persiste la necesidad de resolver rápidamente las disputas existentes y, además, atender los pendientes regulatorios para permitir que el T-MEC funcione adecuadamente pues “sólo así se podrá avanzar hacia una mejor integración con América del Norte”.
La disputa radica en medidas que México ha tomado para restringir la importación y el uso de maíz amarillo genéticamente modificado para consumo humano, así como para eliminar gradualmente su uso para consumo animal y humano.
Para el IMCO el gobierno mexicano debe contribuir a resolver rápidamente el desacuerdo con las medidas de biotecnología agrícola. Además, debe cumplir con las obligaciones establecidas en sus acuerdos y garantizar la eliminación de barreras en el intercambio comercial con sus socios del T-MEC, ya que de lo contrario se pone en riesgo la competitividad del país.
¿Cuál es el conflicto?
En particular, el desacuerdo entre México y Estados Unidos se debe a la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que establece la revocación y abstención del otorgamiento de permisos para el uso del grano de maíz genéticamente modificado destinado a consumo humano en México, que efectivamente prohíbe su importación. El decreto publicado el 13 de febrero de 2023 sustituyó uno publicado el 31 de diciembre de 2020.
La publicación en el DOF restringe el uso e importación del maíz transgénico, pero no hace mención de evidencia basada en principios y consensos científicos, o en un análisis de riesgo previamente realizado que demuestre que el consumo humano del producto sea nocivo para la salud de la población.
En ese sentido, el gobierno estadounidense argumenta que la falta de justificación científica para esta medida contradice las disposiciones del T-MEC, en específico el Capítulo 9, que establece que toda medida que implique prohibición o restricción al comercio de mercancías debe estar basada en principios científicos, normas internacionales o evaluaciones robustas respecto al riesgo para la vida y salud de las personas.