Extravío de documentos oficiales sobre el mal uso de concesiones mineras e inconsistencias en el registro de permisionarios manejado por la Secretaría de Economía (SE) están entre las anomalías cometidas por funcionarios al interior de la 4T, las cuales son investigadas ya por la Secretaría de la Función Pública…

El 9 de diciembre de 2021 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió un oficio dirigido a la Dirección General de Minas de la SE -única dependencia facultada por la Ley Minera para cancelar o retirar permisos-, en el cual denunció “irregularidades” en al menos 12 concesiones para explotar carbón, todas en el estado de Coahuila.

Ahí pidió “proceder con la suspensión provisional de obras y trabajos de los lotes mineros”.

Sin embargo, conforme al expediente en el Órgano Interno de Control, el oficio se perdió y quedó traspapelado durante nueve meses.

“La información de la Secretaría del Trabajo no coincidía con los datos registrales en poder de la Dirección de Minas”, se argumentó en Economía.

Fue hasta cinco días después del nuevo dolor por los 10 mineros atrapados en un “pozo” de Sabinas, Coahuila, el pasado 8 de agosto, cuando la STPS insistió en las anomalías detectadas y, apenas el día 11, la SE suspendió labores, aunque sólo en 10 de los casos denunciados. De los otros dos, nada se supo.

“Antes, como ahora, hay una total ausencia del gobierno. Las instituciones se echan la bolita, lo que ha incentivado la clandestinidad, en la que trabajadores no cuentan con ninguna protección. Están los llamados pozos y los pocitos de arrastre, que son como cuevas susceptibles a derrumbes, inundaciones y explosiones. Informalidad extrema, a nadie le interesan los mineros”, dijo a este diario Manuel Fuentes Muñiz, abogado laboral y quien ha acompañado la batalla legal de las víctimas de Pasta de Conchos.

“Lo clandestino se deriva de la falta de vigilancia. Las concesiones son usadas para ocultar atropellos. Son una especie de pasaporte para la explotación del trabajador”.

Crónica revisó los registros de las 12 concesiones denunciadas por la STPS, en la plataforma CartoMinMex -la cual agrupa datos de todos los polígonos en el país-. En la mayoría de los casos son minas viejas, las cuales fueron explotadas en el siglo pasado por grandes compañías de la franja carbonífera de Coahuila y cuyos títulos se reactivaron durante los últimos gobiernos y comenzaron a fragmentarse. ¿El objetivo? Rescatar el sobrante de mineral.

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El modo de operación consistente en sobreponer permisos a minados viejos, con un alto nivel de riesgo, ha sido documentado también por investigadores y activistas de la región, como Cristina Auerbach.

“Las zonas de Cloete y Agujitas están minadas por completo, no hay un solo metro cuadrado sin minas antiguas. Lo mismo Pinabete, donde ocurrió la última desgracia. Abajo, son túneles, por eso las casas, escuelas y todas las construcciones están cuarteadas, la gente se queja mucho porque lotificaron y vendieron terrenos para casa-habitación”, aseguró.

-¿Quiénes permitieron eso? -se le preguntó.

-En 2019 el cabildo del municipio de Sabinas cambió el uso de suelo y lo pasó de zona de alto riesgo a extractiva, para poder sacar lo que quedaba de carbón. Ahí estaba el presidente municipal de Movimiento Ciudadano, que tenía pozos; una mujer de apellido Vélez, identificada con Morena, dueña de un pozo donde murieron 14 personas y un niño salió mutilado. Y un tal Hidalgo, del PAN, quien tiene restringido su centro de trabajo porque no cumple con seguridad e higiene y, sin embargo, la CFE le dio contrato.

-¿Por qué se habla de títulos sobrepuestos?

-Porque son los mismos espacios donde hace décadas trabajaron diversas mineras, algunas ya desaparecidas. Las volvieron a concesionar en pedazos pequeños. Lo que intentan sacar es lo que las minas grandes dejaron, migajas. Hacen este tipo de hoyos o cuevas donde ya está minado y hay grandes acumulaciones de agua y gas. De Pasta de Conchos para acá hemos contabilizado 80 muertos en este tipo de lugares.

-¿Y todavía hay carbón ahí?

-Sí, en las paredes de las minas, en los cañones. No puedes hacer una mina estable porque abajo está como campo de guerra, como queso gruyer, y ni siquiera tienen mapas. En Pinabete y en Ranchería (en el municipio de Múzquiz, donde en junio del año pasado siete mineros quedaron atrapados) no tenían mapas; empezaron a trabajar a ciegas, sin saber por dónde se filtraba el agua.

-El presidente López Obrador ha reiterado que no habrá concesiones en su gobierno…

-El problema no se resuelve con eso, porque la región carbonífera está toda concesionada, no hay metro cuadrado que sea del Estado. Se tienen que tomar medidas más drásticas.

-¿Cuáles?

-Cancelar todos los títulos en áreas minadas, por su alto riesgo. De la energía que necesita el país, el carbón que produce Coahuila sólo representa el tres por ciento. No vale la pena tanto daño y cantidad de muertos. No genera desarrollo, como dijo el presidente cuando entregaron los contratos de CFE; porque él no ha concesionado, pero sí ha entregado contratos a estos productores irregulares, y es por lo que significa de control político el tener a los carboneros contentos. El carbón es un negocio político, no económico.

Y todo es posible en este mundo de instituciones desmembradas, permisos postizos y oficios ocultos, como una escuela a metros de una mina clandestina (cuyo título original fue el 161543, a nombre de Salvador Villamar, expresidente de la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México en la década de los 60´s del siglo pasado, aunque en la organización Pasta de Conchos, se asegura, ahora está relacionada con el excandidato morenista a gobernador Armando Guadiana)…

Se trata de la Secundaria Ramiro Villarreal, en la comunidad de Agujita, en cuyas aulas se han detectado hundimientos, cuarteaduras, desprendimientos de aplanados y techos, así como otros daños estructurales.

En diversas ocasiones se han suspendido clases. “No queremos arrepentirnos, por eso solicitamos a la Secretaría de Educación Pública se realicen los peritajes necesarios, es de preocupar la situación de nuestra escuela”, la voz de auxilio del director Roberto Fernández de la Rosa…

BAJA EN CONCESIONES

Diciembre de 2019: 25 mil 267, en una superficie de 21.3 millones de hectáreas (10.6% del territorio nacional).

Septiembre de 2020: 24 mil 072, en 16.9 millones de hectáreas (9% del territorio nacional).

Enero de 2022: 24 mil 066 concesiones, en 16.8 millones de hectáreas (8.5 por ciento del territorio nacional).

Fuente: Secretarías de Economía y Medio Ambiente.

EL DATO

En lo que va del gobierno lopezobradorista la STPS ha suspendido actividades en 32 mineras “por incumplir gravemente con las medidas de seguridad”.