Sin tardanza y sin una justificación que avalara su decisión, la directora general de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García (UBBJG), Raquel Sosa Elízaga, ordenó a su Director Académico, doctor Héctor Leonardo Martínez Torres, decomisar un Dron adquirido en más de 222 mil pesos por las entonces autoridades de la sede en Calvillo, Aguascalientes, y con el que complementarían la enseñanza de los alumnos que cursan la carrera de Ingeniería Ambiental para la Sustentabilidad.

A pesar de que ya existían cuatro proyectos en los que se comenzaría a trabajar, el aparato fue enviado a la dirección general en Michoacán para su resguardo, y no importaron los llamados de estudiantes y padres de familia que solicitaron que dejaran el aparato que completaría la formación académica de los alumnos.

La decisión de Raquel Sosa para decomisar el Dron se registró el pasado 19 de octubre, día en que el doctor Martínez Torres acudió a la sede en Calvillo para cumplir con el despido del doctor Salvador Martín Medina Torres, coordinador del plantel, y consumar así la amenaza lanzada un mes antes por Raquel Sosa, quien había acudido a esta sede de la UBBJ sólo para sentenciar una limpia general del personal docente en el lugar, por haber alzado la voz y exigir respeto a sus derechos laborales.

Durante la transición en el proceso de separación del doctor Salvador Medina y el anuncio del arribo de las nuevas autoridades, el enviado de Raquel Sosa solicitó un inventario del material y equipo que debería entregar el saliente coordinador, y entre el equipo reportado figura un Dron con valor de 222,049,15 pesos adquirido el 21 de septiembre pasado.

LA EDUCACIÓN NO TIENE PRECIO.

Aunque la educación no tiene precio, Raquel Sosa tras conocer el costo del aparato lo consideró un gasto excesivo, por lo que urgió a su enviado a Calvillo que sin pretextos el aparato fuera decomisado y entregado para su resguardo, mientras se analiza su destino final.

De acuerdo con la factura de compra, de la que Crónica tiene copia, el Dron VANT de marca: DJI, Modelo: Phantom 4 Multiespectral, Número de serie: 1UDSJ140A30096, fue adquirido el 21 de septiembre de 2021 a la empresa Desarrollo de proyectos tecnológicos sobre drones Moving Up, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, y cuyo representante vendedor es María Fernanda Arellano Lezama, por lo que la transacción quedó registrada con el folio S21092101.

El costo del aparato, según la factura fue de 222,049,15 pesos e incluye entre sus complementos la capacitación del uso del DJI PHANTOM 4, así como baterías del mismo identificadas en la factura como DJI PHANTOM 4 INTELLIGENT FLIGHT BATTERY SN:0DQAHAT03300BG SN:0DQAHAT033008Y.

La empresa vendedora establece a través de una carta que su garantía es por un año, por lo que también solicita al comprador reportar cualquier anomalía en el funcionamiento del equipo.

Como parte del acuerdo de compra-venta del Dron, personal de la empresa Moving Up cumplió entre el 11 y 15 de octubre pasado con su última semana de capacitación a profesores y estudiantes de la sede, por lo que al ser decomisado el aparato no sólo se interrumpió el inicio del ciclo con el uso de esta tecnología para los alumnos, sino que también se truncaron varios proyectos en los que ya se había marcado un plan de trabajo.

PROYECTOS TRUNCADOS.

De acuerdo con el proyecto de trabajo que había sido establecido por el entonces coordinador general de la sede, Salvador Martín Medina Torres, para que los estudiantes comenzarán a laborar con el dron se encontraban: 1) El inventario fotogramétrico de huertas de Guayaba; 2) La valoración del vigor del Agroecosistema asociado mediante índices de vegetación; 3) La estimación de captura de carbono como servicio ambiental y 4) Un análisis de contaminación de agua con descargas contenido de promotores de crecimiento vegetal, con impacto aún desconocido en la salud ambiental y humana.

Al conocerse la decisión arbitraria y unilateral por parte de Raquel Sosa para decomisar el Dron, unos de los padres de familia, identificado como Rubén Martínez Ballín, en representación de paterfamilias, alumnos y docentes de la sede solicitaron al doctor Héctor Leonardo Martínez Torres, le informara con urgencia a Raquel Sosa que recapacitara en su decisión y permitiera al personal académico en Calvillo quedarse con el Dron, para que continuara el complemento educativo de los alumnos, pero la respuesta fue negativa, por lo que el aparato fue trasladado a la sede central en Pátzcuaro, donde se desconoce hasta ahora cuál será su destino, mientras que los estudiantes de Calvillo se quedaron con las manos vacías y con proyectos sin realizar por causa de una arbitraria decisión.