Este 1 de julio, el T-MEC cumplió tres años de vigencia y su primera revisión será en menos de 3 años, pero nuestro país aún no cumple con varias de las disposiciones obligatorias que se establecieron en este acuerdo si es que se busca mantenerlo, pues México tiene inhabilitados o incompletos algunos de los órganos autónomos como la Cofece, el Ifetel o el INAI, encargados de vigilar y poner en marcha varias de las cláusulas de este tratado.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el INAI y la Cofece son tres órganos claves en el funcionamiento del T-Mec pero el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador los tiene incompletos en sus órganos de gobierno, como es el caso del INAI y el IFT o en riesgo una vez que terminen su periodo tres de los 4 comisionados de la Cofece.

Incluso con recorte presupuestal en el caso del IFT.

Como parte de sus obligaciones en materia de Comercio Digital, México debe adoptar el Marco de Reglas de Privacidad Transfronterizas de APEC (CBPR, por sus siglas en inglés), que incluye regulaciones en materia de protección de datos personales y comercio digital.

Esto implica que las empresas mexicanas que deseen participar en el intercambio de datos personales con otras empresas certificadas bajo el CBPR, deberán cumplir también con los estándares y principios establecidos por este mecanismo de certificación.

Sin embargo, el CBPR todavía no opera plenamente en México, ya que el INAI.es el organismo encargado de implementar este mecanismo, pero no ha puesto en marcha los criterios para elegir a los agentes de rendición de cuentas que serán responsables de la coordinación con los organismos de protección de datos de las otras economías de la APEC porque está inhabilitado.

Con ello, México incumple con el compromiso establecido en el artículo 19.8.2 del T-MEC, de acuerdo a un análisis del Instituto Mexicano contra la Corrupción (IMCO)

“Cumplir con lo dispuesto en los capítulos del T-MEC se vuelve fundamental para garantizar la permanencia del Tratado y del impulso que aporta a la economía mexicana. Parte de ese cumplimiento será garantizar la operatividad, la fortaleza y estabilidad de los organismos autónomos en el país”, advierte

Otro de los puntos vulnerables, son los conflictos de la regulación mexicana con el capítulo de Políticas de competencia relacionados con el funcionamiento de la autoridad nacional de competencia, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

De acuerdo al artículo 21.1.4 del T-MEC, cada país debe mantener una autoridad o autoridades nacionales de competencia, responsables de la aplicación de leyes nacionales en la materia.

Sin embargo el funcionamiento de la COFECE, se vio debilitado durante más de un año, en el que solo contó con cuatro de los siete Comisionados que, lo que impedía garantizar la operatividad de su órgano de gobierno.

Sin un Pleno completo, la COFECE fue incapaz de resolver diversos procedimientos que requerían el voto afirmativo de al menos cinco Comisionados, en particular los relacionados con barreras de competencia e insumos esenciales, la emisión de Disposiciones Regulatorias y la designación del Titular de la Autoridad Investigadora.

Fue apenas en noviembre de 2022, cuando después de una orden de la Corte, el Senado designó tres comisionados con lo que la Cofece quedó integrada.

No obstante el riesgo es que ese órgano quede de nuevo inoperante pues en los próximos 4 años tres de los 7 comisionados termina sus periodos y deberán ser sustituidos para garantizar el funcionamiento de la Comisión y, en consecuencia, cumplir con las disposiciones del T-MEC en materia de competencia.

ORGANISMO AHORCADO

Otro de los pendientes es en materia de Telecomunicaciones que se asemejan a los observados en materia de políticas de competencia.

El debilitamiento institucional del organismo autónomo encargado de supervisar el sector, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por pate del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dado por dos vías: la inhabilitación de sus facultades mediante la falta de Comisionados en el Pleno y la reducción del presupuesto en períodos recientes.

El T-Mec establece que cada país garantizará la existencia, independencia e imparcialidad de su organismo regulador de telecomunicaciones, el cual tendrá la autoridad para imponer requisitos a los proveedores del sector en materia de licenciamientos, tarifas, asignaciones para servicios comerciales e interconexión de redes.

En la actualidad, el IFT cuenta con solo cuatro de los siete Comisionados requeridos para integrar su órgano de gobierno desde el 2022 por lo que, desde marzo de ese año, se modificó su Estatuto Orgánico para permitir que su órgano de gobierno sesione con únicamente tres Comisionados.

Aunque se permite su funcionamiento, la falta de un Pleno completo genera incertidumbre en las decisiones y limita la discusión de temas pertinentes.

Además de la reducción en el número de sus integrantes, el IFT se ha enfrentado a recortes en su presupuesto a lo largo de los últimos años. Entre 2018 y 2023, el presupuesto asignado al Ramo 43 (Instituto Federal de Telecomunicaciones) se ha reducido en más de 30% en términos reales, lo cual afecta su capacidad operativa y dificulta el cumplimiento de sus facultades. Esto genera, a su vez, un conflicto potencial con los compromisos establecidos en el capítulo 18 del T-MEC.