E l 28 de julio el Congreso de Veracruz aprobó el cambio al artículo cuarto constitucional, por el que se protege la vida desde el momento de la concepción. La propuesta de decreto constitucional aún deberá aprobarse por la mitad más uno de los ayuntamientos del estado para que el cambio se lleve a cabo. Con esto, Veracruz formará parte del grupo de 18 entidades federativas que penalizan la interrupción del embarazo. En nuestro país, se permite el aborto en los casos que el embarazo sea resultado de una violación, mientras 24 entidades lo permiten si se encuentra en riesgo de muerte la madre, en 16 entidades no se sanciona si existen alteraciones genéticas o congénitas graves y únicamente en la Ciudad de México se encuentra completamente despenalizado.
El cambio constitucional en Veracruz generó el rechazo de organizaciones sociales diversas y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sin embargo, en los últimos años ha habido una creciente tendencia a continuar legislando en contra del aborto. Más allá del debate moral sobre el momento de concepción de la vida, estamos ante un grave problema de salud pública y de leyes discriminatorias en contra de la mujer que el Estado debe enfrentar de alguna forma.
El quinto objetivo de desarrollo del milenio 2015 de la ONU indica que los países deben reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna. México se comprometió a llegar a estas metas, sin embargo, la mortalidad materna —aquellas muertes relacionadas con el embarazo, el parto y la atención posparto (hasta 42 días)— sólo se pudo reducir en un 56 por ciento al pasar de 88.7 decesos por cada cien mil nacimientos a 38.9. El 9.2 por ciento de las muertes maternas están relacionadas con interrupciones del embarazo, que en su mayoría son mal practicadas o que fueron realizadas en condiciones no seguras para la mujer.
A nivel mundial, según datos del Instituto Guttmacher, las muertes relacionadas con el aborto representan entre el 8 y el 18 por ciento de las muertes maternas y casi en su totalidad ocurren en países en desarrollo. Aquellos países que tienen legislaciones restrictivas en este tema no tienen tasas más bajas de interrupciones del embarazo. Por otro lado, se estima que el costo de tratar las complicaciones médicas de abortos mal practicados puede ascender hasta a 500 millones de dólares.
El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de las Naciones Unidas publicó a finales del mes de junio su informe anual, puso gran énfasis en el derecho de la salud de la mujer. En este trabajo, se propone eliminar cualquier ley que penalice el aborto ya que este tipo de leyes son discriminatorias al estar dirigidas únicamente en contra de las mujeres y principalmente afectan a mujeres en condición de pobreza. Adicionalmente, se promueve reconocer el derecho de la mujer a no tener embarazos no deseados y asegurar el acceso a medidas asequibles y eficaces de planificación familiar. En nuestro país, alrededor de un 28 por ciento de mujeres no tienen acceso al uso de anticonceptivos, esto en muchos casos explica porqué teniendo leyes restrictivas contra el aborto, sigue existiendo una prevalencia alta de este último.
De seguir penalizando el aborto, sin las políticas adecuadas de planificación familiar o sin proporcionar alternativas de salud para las mujeres que se encuentren en la necesidad de practicarse un aborto, estaremos ante un déficit del Estado para proporcionar derechos humanos básicos en nuestro país.
rosagomeztovar@outlook.com
Copyright © 2016 La Crónica de Hoy .