Maximiliano solicitó al barón Magnus, el embajador prusiano en México, que marchara a la Ciudad de México con objeto de reunirse con los hombres a quienes había seleccionado para que se hicieran cargo de su caso. Las paradojas del destino, una vez más, se manifestaron, pues el primero en quien pensó el archiduque en desgracia era un hombre mayor, con fama de sabio y de honesto, a quien en repetidas ocasiones había ofrecido cargos en el imperio, sin lograr atraer a aquel caballero a la administración imperial.
Ese hombre había rechazado todos esos ofrecimientos porque era un convencido liberal. Había sido gobernador del Estado de México y se llamaba Mariano Riva Palacio; bajo su mandato se instituyeron becas para que los alumnos más pobres del estado, y que fueran extremadamente talentosos, pudieran moverse a la ciudad de Toluca para estudiar en el Instituto Literario. Por esas vueltas que da la vida, uno de aquellos niños beneficiados era un coronel, rabioso liberal, que participaba del sitio de Querétaro; respondía al nombre de Ignacio Manuel Altamirano.
No paraban allí las coincidencias curiosas: Vicente Riva Palacio, afamado poeta, dramaturgo y periodista, era uno de los generales republicanos que también había tomado parte en el sitio de Querétaro, y era hijo de don Mariano, quien, por cierto, no había terminado la carrera de abogado. No obstante, su fama bien acreditada de hombre sabio y honesto suplía el título profesional.
Al equipo de la defensa del emperador caído se sumaba uno de los abogados más notables de su tiempo: Rafael Martínez de la Torre, que había estudiado en el Colegio de San
Ildefonso. Para cuando fue convocado a la ciudad de Querétaro, ya tenía fama de hábil litigante. El tercer abogado se llamaba Eulalio María Ortega del Villar y se había formado en el Seminario Conciliar de México. Era fama de Ortega sus habilidades políglotas: hablaba inglés, francés, italiano, alemán, latín griego y hebreo. Liberal como sus compañeros de equipo, Ortega no había sido considerado originalmente por Maximiliano; su designación venía de una recomendación hecha al secretario del gabinete del emperador, el muy controvertido sacerdote Agustín Fischer.
Mientras el equipo de defensores sorteaba las dificultades para salir de la Ciudad de México, derivadas del gobierno provisional de Porfirio Díaz, que había tomado finalmente la ciudad de México, Maximiliano buscó a un acreditado abogado queretano para que se hiciera cargo de los primeros pasos de la defensa. Se trataba de Jesús María Vázquez, que logró establecer buenas relaciones con Mariano Escobedo y con el fiscal de la causa, el teniente coronel Manuel Azpíroz. El abogado Vázquez se había formado en el Colegio de Altos Estudios de San Francisco Xavier, en Querétaro. Tenía fama de competente litigante y él fue quien asumió, en los primeros días del proceso, la defensa del archiduque. Al poco tiempo tuvo fricciones con el general Mariano Escobedo, quien lo encarceló. No obstante, Vázquez continuó trabajando en la defensa de muchos de los oficiales imperialistas que habían caído prisioneros, y, por cierto, consiguió el indulto para muchos de ellos.
Anímicamente, la presencia y el trabajo de Vázquez le hicieron bien a Maximiliano. Los testimonios de Samuel Basch, el médico del emperador, dan cuenta de cómo el emperador olvidaba sus malestares cuando se sentaba a discutir con el abogado. Para esas alturas, la disentería tenía postrado a Maximiliano, de modo tal que el intercambio de ideas con Vázquez lo animaba a grado tal que podía estar levantado “la mayor parte del día”.
El abogado Vázquez asesoró cuidadosamente a Maximiliano para enfrentar el primer interrogatorio del fiscal Azpíroz, quien llegó acompañado de un escribano a la celda del archiduque y le solicitó sus datos generales. El emperador afirmó que respondería a todo con franqueza, pero que, estimaba, tenía derecho a solicitar se le presentara la acusación por escrito. Además, pedía un plazo de tres días para estudiar el documento y elegir un abogado que le defendiese. Azpíroz se incomodó seriamente cuando el archiduque, bien aleccionado, insistió en que no podría responder a nada si antes no tenía la documentación solicitada y abogado elegido. Peor aún, el emperador caído le explicó al fiscal que, a su juicio, el Consejo de Guerra que se había formado para juzgarlo, carecía de competencia para ello, porque se trataba de un tribunal militar y todos los cargos que le habían leído eran de orden político.
Maximiliano quedó muy satisfecho de esa primera escaramuza con el fiscal: “He seguido el camino que el abogado [Vázquez] me indica… yo también soy un poco abogado; tendrán que sostener conmigo una reñida lucha; yo no me rindo tan fácilmente”. En los días que siguieron, Maximiliano continuó negándose a responder los cargos de tipo político. Originalmente, los cargos eran 11 y a partir de la tenaz resistencia del archiduque a prestar declaración, le fincaron otros dos: negar la competencia del Consejo de Guerra, y haberse comportado de manera contumaz y rebelde por haberse negado a responder las preguntas del fiscal.
En realidad, los conocimientos jurídicos de Maximiliano no llegaban a entender las causas profundas de su proceso. Cuando por fin leyó el acta de acusación, simplemente la calificó de “ridícula y enconada”. El médico Basch anotaría en su diario que la acusación estaba redactada “de manera rencorosa”.
Max fue aún más lejos: exigió que en el proceso se refirieran a él como “Ex Emperador”, título con el que, con la prisa y por error, había sido anotado en la lista de prisioneros. En respuesta, Mariano Escobedo mandó rehacer la lista. En la nueva versión decía: “Fernando Maximiliano José de Habsburgo, austriaco”.
Tres años después, en 1866, ya era teniente coronel, y fungió durante algún tiempo como secretario del gobierno político y militar de Chihuahua, cercano al presidente Juárez se estableció allá. Aparentemente, es en esa época en la que se construye un vínculo entre el joven abogado y el presidente oaxaqueño. Azpíroz permaneció en Chihuahua y tal circunstancia ha hecho pensar a los historiadores del Derecho que, en realidad, Azpíroz era el representante y ejecutor de las instrucciones de Juárez en Querétaro.
Se dividieron el trabajo: Riva Palacio y Martínez de la Torre marcharon a San Luis Potosí, donde trabajarían cerca del gobierno de Juárez; Ortega y Vázquez se quedaron a litigar con el Consejo de Guerra.
A pesar de que los abogados y trabajaron con ahínco, la suerte estaba echada. La argumentación republicana tenía su razón de ser y eso que suele llamarse “voluntad política”, demandaba, desde el lado republicano una respuesta contundente a las ambiciones monárquicas, conservadoras o extranjeras.
Al final, los abogados recibieron misivas agradecidas del archiduque, ya en trance de ejecución. Se sabe de cierto que Riva Palacio y Martínez de la Torre recibieron como obsequio de la casa real austrohúngara, sendas vajillas de plata, y es también sabido que, por lo menos Martínez de la Torre se negó a admitir pago alguno. Años después, contaría su versión del proceso en aquel libro, escrito por Vicente Riva Palacio y Manuel Payno, que daba cuenta de algunas de las historias más sangrientas de la historia nacional: El Libro Rojo.
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