Irregularidades en el proceso para la interrupción legal del embarazo, malos tratos, juicios hacia las mujeres que por alguna razón desean llevar a cabo este procedimiento y hasta el cobro de este servicio, que se supone es gratuito, son sólo algunos de los obstáculos que enfrentan cientos de mujeres al acudir a algunas de las clínicas del Gobierno de Ciudad de México para interrumpirlo.

Ana, tiene 26 años y acudió al Hospital Materno Infantil Inguarán — uno de los sitios registrados en la página oficial del Gobierno de la Ciudad para realizar abortos—, para pedir informes sobre los requisitos para interrumpir su embarazo; sin embargo, desde el momento en el que llegó a la clínica fue juzgada tanto por el personal médico del módulo de información sobre la ILE, así como por el personal de seguridad del lugar.

“La verdad es que ese primer día que fui a pedir informes salí llorando del coraje que tenía por haber dejado que me trataran así. La enfermera y el policía del hospital no dejaban de preguntarme los motivos por los que quería realizar la interrupción, pero la forma en la que me lo decían me hacía sentir juzgada, pues en su manera de hablar eran groseros y trataban de exponerme delante de todas las demás personas que se encontraban en la sala de espera del hospital”.

Y agregó: “En verdad, me querían hacer sentir como si fuera una asesina o como si estuviera cometiendo un delito y lo único que yo quería era hacer válido mi derecho a elegir sobre mi cuerpo”.

Además de ello, al solicitar los requisitos para realizar la ILE se le entregó una lista con condiciones totalmente diferentes a las que aparecen en la página web, tales como que era necesario una carta donde debía exponer el motivo por el cual quería llevar a cabo la interrupción, que fuera acompañada de su firma y su huella digital; así como una hoja de gratuidad, misma que nunca quisieron entregarle en el Hospital Materno, haciéndola ir y venir durante casi dos semanas sin proporcionarle ninguna respuesta y, lo peor de todo, dejando el tiempo correr.

La angustia de Ana continuó, así como los malos tratos, hasta llegar al punto en que la joven pensó: “Lo que quieren es cansarme y que me rinda y desista de mi decisión acerca de interrumpir mi embarazo”.

“Me trataban mal, nunca me quisieron proporcionar la información clara sobre la hoja de gratuidad, así como de otras dudas que me surgieron”.

Por esta razón la mujer decidió no realizar la ILE en este nosocomio y acudió a la clínica de Eduardo Molina, donde narra que la atención y los requisitos fueron totalmente diferentes.

“Siempre me trataron bien ahí, los requisitos que me pidieron fueron sólo mi comprobante de domicilio, mi identificación y las de mi acompañante y el día que llegamos fue el día que me entregaron las medicinas y me orientaron acerca de cómo hacer el proceso en mi casa y afortunadamente todo salió bien”.

Anteriormente, Crónica realizó varios recorridos y constató que en varias de estas clínicas existía desabasto de medicinas que permitían realizar la interrupción de forma no invasiva, por lo que en algunos centros de salud obligaban a las mujeres a retrasar la interrupción de su embarazo dejándolas hasta las fechas límite permitidas por la legislación para realizar la interrupción por medio de aspiración.

Durante ese recorrido, este medio recopiló testimonios de mujeres que denunciaron que si no pagaban entre mil y dos mil 200 pesos por el procedimiento médico, en lugares como el Hospital de Ticomán y el Hospital Materno Infantil de Inguarán, las enfermeras les comentaban que no se podía realizar ningún tipo de intervención, pues era necesario dar esta “cuota de recuperación”.