La fuga de dos reos el pasado lunes y las sospechas sobre los sobornos a custodios y al propio subdirector del penal han convertido al Reclusorio Oriente en una de las cárceles con mayores problemas de corrupción.
En agosto del año pasado, el subdirector del penal, Raúl Cano, fue señalado por permitir el ingreso de drogas y celulares en el Reclusorio Norte, al que pertenecía. Los hechos están sustentados en la averiguación previa SSP-T1-1679-1506.
La investigación, que era encabezada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), señala que Cano permitía pagos a cambio de que ingresara droga al penal; sin embargo, pese a los señalamientos, el Sistema Penitenciario no lo cesó y solo lo cambió al Reclusorio Oriente.
Tras su llegada al Reclusorio Oriente, la seguridad también se debilitó. De acuerdo con personal consultado, al interior también hay consumo de drogas y se utilizan celulares para extorsionar.
Pero, aunado a ello, se sumó un nuevo problema: dos reos, que venían del Módulo de Máxima Seguridad “Diamante”, burlaron la seguridad del Reclusorio Oriente y lograron fugarse.
Uno de los presos, Roberto Sánchez Ramírez, ya se había fugado de tres Reclusorios: el Sur, el Norte y el Oriente. Su habilidad para escapar le hizo acreedor al apodo El Fugas y su objetivo lo lograba vistiéndose de mujer.
Sánchez Ramírez fue ingresado en el 2011 al Reclusorio Oriente. Compurgaba una condena de 114 años 9 meses y un día por los delitos de asociación delictuosa, robo calificado, plagio o secuestro y portación de arma de fuego.
El otro reo, Agustín Miranda Orozco, también fue ingresado en 2011. Purgaba una sentencia de 64 años por los delitos de portación de arma de fuego, robo calificado, robo de auto, evasión de presos, plagio o secuestro.
Ante los hechos, la vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios, Rebeca Peralta, anunció que solicitará a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario un informe detallado de los hechos, así como un informe a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria sobre los protocolos de seguridad durante los traslados de internos.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) también se pronunció al respecto.
Señaló, a través de un comunicado, que las autoridades deben acatar las Recomendaciones 14/2010, 6/2011 y 18/2015, en las que se “ha hecho evidente la necesidad de que se fortalezcan los sistemas de seguridad en los centros de reclusión a través de la implementación de mecanismos confiables y precisos para la vigilancia y monitoreo permanente que garanticen tanto la seguridad institucional como la población penitenciaria, visitantes y servidores públicos y, con ello prevenir este tipo de eventos”.
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