El Kenworth iba a exceso de velocidad. El chofer iba a cien kilómetros por hora; tomó una curva pronunciada a la altura de Chiapa de Corzo. El tráiler se salió de control, “volcó y chocó primero contra un poste de electricidad y luego contra la base de un puente peatonal. La caja del tráiler estalló y quedó reducida a un amasijo de hierro.” (El País, 11/12/2021) Adentro, acinados como reses, iban alrededor de 200 indocumentados de diversas nacionalidades guatemaltecos, hondureños, dominicanos, ecuatorianos y hasta un mexicano. El saldo fatal de ese accidente fue de 55 muertos y 107 heridos. Lo que resulta inverosímil es que ese y otros dos camiones con inmigrantes indocumentados abordo hayan pasado por tres garitas de revisión sin ser detectados. Lo que puso al descubierto este accidente es una red transnacional de tráfico de personas; un negocio cada vez más lucrativo que comienza en el país de origen (según el testimonio de uno de los heridos, Celso Pacheco, para trasladarlo de Guatemala a Houston le cobraron 13 mil dólares), sigue con los sobornos a los oficiales de migración en México, y culmina en alguna ciudad de Estados Unidos. Corrupción dura y pura.

Es curioso y significativo que la tragedia de Chiapas haya ocurrido el 9 de diciembre, día internacional contra la corrupción. Es obvio que en este enjuague están metidas bandas delictivas, los famosos “polleros” que, con la avalancha humana que busca como salir de sus países convulsionados por la violencia de las pandillas o gobiernos dictatoriales (o ambas cosas a la vez) han multiplicado los dividendos obtenidos por el tráfico de personas.

De no haber sido por la imprudencia del conductor del Kenworth (quien se dio a la fuga) el tema del traslado de indocumentados, junto con la evidente red de corrupción y el contubernio entre delincuentes y autoridades migratorias, no hubiese sido noticia. Lo que llama la atención en Centroamérica, México y Estados Unidos son las caravanas de migrantes como la que llegó el domingo 12 de diciembre a la ciudad de México que partió de nuestra frontera sur con cerca de quinientas personas; ahora quedan 246 adultos y 76 menores de edad. Estos desplazamientos son seguidos por los medios de comunicación nacionales e internacionales, así como los enfrentamientos que van teniendo con las fuerzas del orden.

Oficialmente, las autoridades mexicanas interceptaron a 228,115 migrantes y deportaron a 82,627 de enero a octubre de 2021. Número no visto en más de 15 años. Además 123 mil migrantes solicitaron refugio de enero a noviembre de 2021. Número inusual en vista de que el promedio anual había sido de 40 mil peticiones (Los Angeles Times, (21/12/2021)

Si esos son los números oficiales, imaginemos cuántos han pasado “al otro lado” a través de las redes de tráfico de personas, y el caudal de dinero que se mueve en este tipo de operaciones. Obviamente, empleados y directivos de los tres niveles de gobierno están metidos hasta el cogote en este tipo de delito. Cada quien se lleva su tajada.

Otro escándalo de corrupción que ha salido a flote en estos días es “el Carrusel de Cash” para desviar 40 millones de pesos en efectivo. La operación consistió en formarse una y otra vez en la misma sucursal bancaria para hacer depósitos hormiga; en este tinglado participaron más de treinta personas que fueron premiados con altos puestos en la actual administración: Alejandro Esquer, Secretario Particular del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y su Oficial Mayor, Denis Vasto. Eso lo reveló una investigación llevada a cabo por Latinus, y la ONG, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Ese dinero, supuestamente, sería destinado a los damnificados del terremoto del 19 de septiembre de 2017, pero terminó en las campañas de Morena. Al parecer, el orquestador de esta trama fue Gabriel García Hernández, operador político y financiero de López Obrador. Este sujeto, hasta hace poco, era uno de los hombres fuertes en el gobierno de la 4T: Coordinador General de Programas para el Desarrollo. AMLO lo corrió de fea manera al echarle la culpa de la derrota sufrida por su partido, sobre todo en la capital de la república. García Hernández regresó, brevemente, a ocupar su puesto en el Senado de la República; a finales de octubre, el jefe del Ejecutivo lo nombró, responsable del programa de Agua Saludable para La Laguna.

Ciertamente, López Obrador ha hecho de la supuesta lucha contra la corrupción su “caballito de batalla”: sus intervenciones en las “mañaneras” y sus discursos en las plazas abarrotadas de seguidores, como el que dio el 1 de diciembre en el Zócalo, con motivo del tercer aniversario de haber tomado posesión como presidente de la República, le ha dado resultado; pero hay una gran distancia entre el decir y el hacer. Ese es el comportamiento de los demagogos populistas.

La corrupción en México está desbordada. De acuerdo con el ranking “Estado de Derecho 2021” que mide tres formas de corrupción: sobornos, influencia indebida de intereses públicos o privados y malversación de fondos públicos u otros recursos, México se encontraba en el lugar 117, en 2019; en 2020 retrocedió al 121; ahora en 2021 aparece en el 135. Vamos como los cangrejos.

Los motivos de este retroceso, a mi parecer, se encuentran en dos cosas fundamentales: 1) López Obrador concibe al poder del gobierno como un poder personal; 2) está demoliendo la institucionalidad de la república democrático-liberal con sus respectivos frenos y contrapesos. Asistimos a un verdadero y propio proceso de desinstitucionalización. En consecuencia, así como se deteriora nuestra democracia, así se profundiza la corrupción.

Populismo y corrupción caminan de la mano. Ejemplos en el mundo tenemos a granel.