La Cámara de Diputados ha aprobado un dictamen acerca de la reforma electoral, mismo que se ha turnado al Senado para continuar con el procedimiento legislativo. Este documento ha sido objeto de diversas opiniones en medios, tanto por partidos y actores políticos, como por personas expertas en el aspecto técnico de lo electoral.

La reforma propuesta impacta en tres cuestiones: derechos político-electorales, estructura de los órganos comiciales, y justicia electoral. La mayor parte de las opiniones que he escuchado se centran en el segundo punto; concretamente en cuanto a los cambios en la organización interna del Instituto Nacional Electoral.

Reconociendo la importancia de las tres cuestiones señaladas, creo que es relevante hablar de los cambios en los derechos político-electorales que plantea la reforma. Estos son derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos que nos permiten participar en la toma de decisiones políticas, tales como los de votar, obtener una candidatura, acceder y ejercer el cargo, participar en mecanismos tales como consultas populares, referéndums, plebiscitos, parlamentos abiertos, entre otros.

Por tanto, presento aquí algunos puntos que me parecen relevantes de la reforma en materia de derechos político-electorales, precisando que son aquellos que encuentro en el dictamen que existe al momento, por lo que puede cambiar una vez que el Senado lo discuta.

• Derechos de pueblos y comunidades. Se precisan sus derechos y el respeto a sus formas de organización interna, así como a sus sistemas normativos (derecho de las comunidades) también se contempla la posibilidad de que se impriman documentos y materiales electorales en sus lenguas, para las elecciones federales.

• Derechos de personas migrantes al extranjero. Se les faculta para votar en los mecanismos de democracia participativa, así como en las elecciones de gubernaturas y jefatura de gobierno de la Ciudad de México, sin que sean necesario el reconocimiento previo en las constituciones locales. En las reservas aprobadas, se mantiene las tres posibilidades del voto desde el extranjero (postal, por internet y presencial), pero en el caso de ciudades con mayor número de connacionales, se privilegiará el voto presencial.

• Acciones afirmativas para las postulaciones. En ejecución de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se obliga a los partidos políticos a postular candidaturas federales pertenecientes a grupos como LGBTIQ+, personas con discapacidad permanente, jóvenes, afromexicanas, jóvenes, indígenas; entre otros.

• Personas con discapacidad. Además de que contarán con una cuota para las postulaciones, en el caso de aquellas que no puedan salir de su domicilio, podrán votar desde su casa.

• Derecho de asociación política. Se aumenta el número de ciudadanas y ciudadanos para constituir partidos políticos nacionales. No sucede lo mismo respecto de partidos políticos locales.

• Justicia accesible. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá utilizar un lenguaje accesible en sus sentencias, y en los casos de grupos vulnerables, realizar formatos específicos adecuados.

Lee también

• Los retos para la autoridad electoral
• Retos de las elecciones

• Juicio electoral en línea. Un tema en el que ha avanzado el Tribunal Electoral, y que ahora se establece en la ley las bases de su regulación.

De la reforma electoral en trámite, estos son los puntos que resalto. Hay algunos que merecen una reflexión mayor, como la visión de la justicia electoral como meramente de legalidad, lo que es contrario a la función protectora de derechos que la misma tiene, tanto porque esa es la función de toda judicatura, como por imperativo de tratados internacionales y criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También la definición de “materia electoral”, que parece dejar fuera cuestiones como el ejercicio del encargo, el nombramiento de autoridades comiciales, entre otros.

Los aspectos judiciales son muy importantes, porque el acceso a la justicia es la garantía más efectiva de los derechos.

El procedimiento legislativo continúa.