El destinar el 23,7% del PIB frente al 30% que dedican otras naciones tanto en Europa como en América latina es una buena estrategia para erradicar la pobreza, y en México así se lleva a cabo, esos estados gozan de más recursos al contar con hasta 12 puntos más de presión fiscal

El último Consejo Europeo se saldó con un acuerdo histórico por el que los socios comunitarios aprobaron endeudarse conjuntamente por primera vez para movilizar 750.000 millones de euros en respuesta a la crisis abierta por el coronavirus. La cumbre sirvió también, sin embargo, para terminar de dibujar un nuevo polo de poder europeo, el de los denominados países frugales: Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Austria. Un bloque aparentemente heredero de los postulados de austeridad con los que se trató de responder a la crisis anterior y que ya pide rebajas de pensiones a los estados del sur pero que, paradójicamente, destina más fondos a gasto social que España.

En concreto, España dedica a las partidas de protección social el equivalente al 23,4% de su PIB, ya por debajo del 28,1% de media de la Unión Europea, según los últimos datos comparables que ofrece Eurostat, correspondientes a 2017. Pero la diferencia se ensancha frente al 28,8% de Suecia, el 29,3% de Países Bajos, el 30,6% de Finlandia o el 32,2% de Dinamarca.

“Más allá de la consideración sobre el equilibrio de sus cuentas públicas”, expone José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos de Hacienda, “calificar a estos países de frugales, entendiéndolo por austeros” no responde a la realidad de que “algunos de ellos, como Dinamarca o Suecia, son abanderados de la inversión en gasto social”. La explicación, subraya, es que también “están arriba en el ranking recaudatorio”, lo que les permite gozar de recursos adicionales para atender a su sociedad. “Respecto a esos países, en España somos más austeros, incluso sus Gobiernos conservadores siguen manteniendo esas tasas de bienestar de sus ciudadanos gracias a la mayor presión fiscal”, concluye.

Así, mientras que la presión fiscal en España, entendida como el peso del conjunto de ingresos tributarios y por cotizaciones sociales sobre el tamaño de la economía, se sitúa en el 34,7%, en la media de la UE es del 40,2% y en la zona euro alcanza el 41,5%. Aún situándose por debajo de esta media, los Países Bajos se sitúan casi cinco puntos por encima de España, con una presión fiscal del 39,2%, mientras que el resto de frugales suben hasta el 43,1% del PIB de Finlandia, el 44,7% del de Suecia o el 47,8% del de Dinamarca.

En un ejercicio de extrapolación, Gestha ha calculado que, de contar con la presión fiscal de Países Bajos, España recaudaría 52.285 millones más al año. La cifra alcanzaría los 97.595 millones de lograrse el nivel de Finlandia, los 116.188 millones si se limitara a Suecia y los 140.587 millones en el caso de mirarse en el espejo de Dinamarca. De hecho, solo con dirigirse a la media de la UE, las arcas públicas españolas gozarían de 63.903 millones más cada ejercicio, 79.008 si se alcanzase la presión fiscal media de la zona euro.

Con semejante volumen de ingresos, calcula Mollinedo, aunque España elevase también el peso de su gasto social al nivel de los países frugales (lo que le llevaría a gastar entre 62.700 y 102.245 millones más al año en atención social), todavía contaría con margen para sanear sus cuentas.

“Si España no tuviera este saldo diferencial respecto de cada país, España recaudaría más y tendríamos un mayor gasto social, y el saldo nos permitiría contar un excedente para inversiones o para sanear las cuentas públicas”, defiende el secretario general de Gestha, que expone que, igualando el nivel de ingresos y gasto social de los países frugales, a España le sobrarían entre 14.000 y 53.000 millones de euros –según el país– para reducir el déficit. Solo en el caso de Países Bajos, la ecuación podría empeorar el saldo español.

Mollinedo sostiene, en todo caso, que no todo pasa por subir impuestos, y que dotar de más efectivos a la Agencia Tributaria (hoy cuenta con 25.425 funcionarios y 1758 contratados) permitiría elevar la recaudación al combatir la economía sumergida y la evasión fiscal.

Luis David Fernández A.

Economista

@DrLuisDavidFer