La presidencia de la República ha sido un engrane central en el funcionamiento del Sistema Político mexicano, que encontró en la Constitución de 1917 el sustento de la legitimidad de su poder; pero iba mucho más allá de las facultades constitucionales, por medio de las llamadas facultades metaconstitucionales. En buena medida la articulación de la presidencia con los partidos y las elecciones formaron una triada que fue pilar de la estabilidad del Sistema, la cual se ha transformado a lo largo de la historia contemporánea.

Bajo el régimen autoritario se estructuró el sistema de partido hegemónico, léase PRI, como brazo legitimador democrático del régimen. Las elecciones al paso del tiempo se fueron convirtiendo en un trámite administrativo de ratificación de los triunfos del “partido de la bandera”.

El poder presidencial tenía un sustento sólido en el manejo no solo del partido hegemónico, sino en la certeza de que los resultados electorales no serían un valladar a sus políticas. Pero, sin duda alguna como factores externos, la segunda guerra mundial y el inició de la guerra fría incidieron en el fortalecimiento de la figura presidencial, lo que se dio sobre todo por su alineamiento en torno a la política antifascista y, posteriormente anticomunista diseñadas por Estados Unidos para toda América Latina.

La necesidad de predominio geopolítico de los Estados Unidos sobre América Latina para evitar el asentamiento de la influencia soviética, con el argumento de que la democracia era la ruta natural del desarrollo político continental, llevó a su aquiescencia de calificar al régimen autoritario de México como democracia, considerando el “mínimum minimorum” de la realización de elecciones periódicamente.

A lo largo del siglo XX los presidentes mexicanos gozaron de amplios poderes constitucionales y metaconstitucionales, pero que a su vez tenían limitaciones sistémicas. Ya que, una función esencial del presidente era mantener la estabilidad política, que transitaba inevitablemente por unidad de la familia revolucionaria, para lograrlo era necesario otorgar concesiones a los más diversos actores políticos y sociales.

La globalización impulsada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, sumadas a la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética son otros factores externos que incidieron en la configuración del Sistema Político Mexicano. De manera particular en los tres elementos ya mencionados: el sistema presidencial, el sistema de partidos y las elecciones.

Una causa para que la Constitución de 1917 otorgara amplias facultades al presidente fue con el fin de impulsar los cambios revolucionarios, por considerar que sólo la concentración del poder permitiría realizar la transformación del país para sacarlo de su atraso. Los cambios ocurridos en el mundo, a fines de la década de los ochenta e inició de los noventa del siglo pasado, se conjugaron con la demanda interna de democratización para imponer mayores limitaciones al poder presidencial.

La primera consecuencia fue la toma de distancia del nacionalismo revolucionario como ideología oficial, hasta su abandono total. Los años noventa fueron desde el discurso gubernamental el arribo a la modernidad vía la inserción del país en el mundo globalizado por el libre comercio.

El impulso democratizador interno demolió el sistema de partido hegemónico y en consecuencia la capacidad presidencial de definir las candidaturas ganadoras. El contexto externo indujo el otorgamiento de la autonomía plena al Banco de México y la creación de organismos autónomos en materia económica (por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones), cuyo fin era depositar en un conjunto de instituciones, y no en la persona del presidente, el impulso y la administración del modelo de desarrollo económico, conocido como neoliberal.

El presidente en el ámbito político electoral, con la democratización, la creación del IFE y su plena autonomía constitucional (1997) se vio marginado de decisiones relevantes, al estar impedido constitucionalmente y por la realidad de las nuevas reglas institucionales, del juego político electoral.

Los tres primeros presidentes de la alternancia: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tuvieron que negociar sus propuestas al convivir con congresos divididos. Aunque la confluencia ideológica del PRI y el PAN culminaron con las reformas estructurales impulsadas al inicio de la gestión del último presidente priísta.

La coyuntura actual es diferente a la de los tres presidentes anteriores. El presidente López Obrador cuenta con una mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en buena parte de los congresos locales. Su protagonismo mediático ha sido un elemento esencial para mantener su popularidad, pero sobre todo su partido se ha visto beneficiado en las urnas.

El presidente ya no controla el sistema de partidos, como en el antiguo régimen, pero tiene una fuerte influencia en la Coalición Juntos Haremos Historia que lo llevó al triunfo en 2018. Entre, que los partidos opositores lo son a ultranza y la coalición no pone especial esmero en construir acuerdos ha abonado el camino de la polarización ideológica irreconciliable. La Alianza Va por México tiene más que ver con el objetivo de los partidos de no desaparecer que, con desarrollar una alternativa real de poder, presentando soluciones a los graves problemas del país.

Un objetivo esencial de la estrategia política del grupo en el poder es devolver la centralidad a la presidencia de la República en la toma de decisiones en materia económica. Lo cual no significa que exista una gran distancia en los proyectos, pues existen límites, como el Tratado de Libre Comercio (eje del modelo neoliberal), que el Poder Ejecutivo no puede rebasar, sin crear un conflicto internacional de consecuencias impredecibles para el país.

Recuperar la centralidad en materia económica por la presidencia pasa inexorablemente por la recuperación de la centralidad política. Dado el contexto nacional y externo esto sólo se puede realizar si se cuenta con una sólida legitimidad, la cual sólo puede lograrse a través del sufragio y la aceptación social de las políticas públicas presidenciales.

La institucionalidad electoral está consolidada, la cual no permite realizar acciones fraudulentas desde el Estado. En este punto la estrategia es la preeminencia mediática presidencial que contiene un elemento ideológico esencial: proporcionar esperanza a amplios sectores sociales, la cual es renovada cotidianamente en las conferencias mañaneras.

La continuidad del grupo en el poder pasa por las urnas. En eso está empeñada la actividad comunicativa presidencial. Morena actualmente gobierna 16 estados y tiene mayoría en 18 congresos locales. Al concluir el día 5 de junio al menos gobernará cuatro más (Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas) y en un descuido logra el triunfo en Durango.

La tendencia a la centralización del poder no es un pecado original de la 4T, es una constante en la cultura de la clase política mexicana. La característica inédita de la actual coyuntura es la fortaleza de la legitimidad presidencial; el respaldo a su figura inyecta fuerza electoral a Morena. En la coyuntura actual, los partidos tradicionales están desgastados por su ejercicio del poder, por la ausencia de un discurso político y de una oferta programática que dé aliciente a los sectores populares.

Por su parte las elecciones, internamente, le proporcionan al presidente una fuerza legitimadora importante, que le ha permitido sortear las deficiencias en la acción de gobernar y para negociar, saliéndose del guion definido por los Estados Unidos en dos casos relevantes la guerra Rusia Ucrania y la Cumbre de las Américas. Esa legitimidad impulsa la fuerza de Morena, pero la hora de la verdad llegará cuando el líder se ausente de la acción política.