Para muchos funcionarios públicos, las siglas INAP dicen poco o casi nada. Para otros, tal acrónimo no representa más que una vaga referencia a una institución que ofrece diplomados y que se encuentra en la antigua carretera a Toluca. Para unos cuantos, los menos, el Instituto Nacional de Administración Pública es una referencia de primer orden, una tradición institucional y un espacio de reflexión profesional y académica sobre los asuntos públicos. Yo me ubico en el último grupo, el menos numeroso.
Así de triste y vaga es la imagen de una organización que nació hace más de 50 años con el compromiso —“la Misión” dirían ahora los nuevos talentos de la academia postmoderna— de conformar un ámbito propio para todas aquellas profesiones y todos los profesionales orientados, por vocación o por accidente, a desarrollar el trabajo de las administraciones públicas de México. Conformada al amparo de un grupo de administradores profesionales, y encabezado por don Antonio Carrillo Flores, el INAP de México es una organización de la Sociedad Civil que debe cumplir y atender una función pública y social de primer orden.
Por novedosos que parezcan ahora argumentos tales como profesionalizar a los funcionarios públicos, fortalecer el Estado de derecho, o ampliar los cauces de la participación social; en realidad, poco tienen de nuevos. Desde su fundación en 1955 y a lo largo de los lustros, el INAP fue el foro principal en el que estos temas se debatieron y en el que surgieron las decisiones para limitar o promover avances en cualquiera de las materias y ámbitos a discusión. Desde tal posición de diálogo privilegiado, el instituto se mantuvo cercano a los gobiernos y al poder de los presidentes. Su cercanía a las altas esferas burocráticas —por momentos respetuosa y dialogante, pero también por momentos sumisa y lisonjera —ha sido la fuente de su dicha y de su desgracia.
Pero la trágica condición que hoy envuelve a esta asociación civil no se debe solamente al hecho de que una buena parte de sus asociados y directivos se mantuvieron fieles al “partido”, al priismo; demostrando con ello su egoísmo, su miopía y un profundo desdén por las frases y propuestas que en otros tiempos fueron su razón de ser, sus consignas personales. El evidente desdibujamiento del INAP de la escena pública no se puede explicar únicamente por la voracidad y actitud patrimonialista del limitado grupo de ex funcionarios que se han apropiado de su nombre, de sus instalaciones y de sus recursos. Lamentablemente ahí no se encuentran las causas de esta indeseable situación. Son, en el mejor de los casos, la consecuencia, su efecto más perverso.
El que este instituto de renombre internacional y de peso y presencia en toda la región latinoamericana se encuentre hundido en la mediocridad se debe, en realidad, a la indiferencia en que las “siguientes” generaciones de administradores públicos hemos sistemáticamente incurrido. Bien puede ser llamado un error histórico, pues cuando como sociedad decidimos transitar hacia formas democráticas en lo político y lo electoral, al parecer olvidamos traer con nosotros a estas estructuras de representación profesional y gremial. El INAP no necesita ser rescatado de un pasado autoritario, ni puesto en el buen camino de la participación democrática. El instituto siempre ha sido parte de la Sociedad Civil y, como tal, debe ser reconocido.
Para demostrar lo dicho antes, baste verificar lo avejentada
—casi senil— que está la membresía de la instancia que es también la Sección Mexicana del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas (con sede en Bruselas). Es prácticamente imposible encontrar a miembros menores de 40 años, pese a que el sector público mexicano federal, estatal y municipal cuenta con distinguidos y muy valiosos cuadros, cuyas edades oscilan entre los 25 y los 39 años. Ni qué decir de los académicos, investigadores y consultores que día tras día contribuyen a un mejor entendimiento de los problemas que encaran las administraciones públicas nacionales, pero que no se cuentan entre las filas de asociados del INAP.
El día de hoy tendrá lugar, la que será muy seguramente la primera elección democrática del Consejo Directivo del INAP. Se votarán dos planillas y el voto será individual y secreto. Atrás quedarán definitivamente aquellas asambleas multitudinarias en las que eran electos presidentes y consejeros por el siempre festivo método de la aclamación. En este martes 11 de diciembre, se contarán los votos —uno a uno— y habrá un equipo vencedor. La tarea que le depara a quienes resulten triunfadores debe ser tomada seriamente. Ante el sórdido y desolado panorama que dejan las presidencias anteriores, el nuevo Consejo Directivo debe levantar la mirada y ampliar sus horizontes.
Desde un punto de vista constructivo, el INAP debe asumir el reto de convertirse en la escuela de cuadros de los gobiernos mexicanos. Pero debe hacerlo por méritos propios, por calidad docente; no por medio de negociaciones o por una simple invitación proveniente de gobernadores o secretarios de Estado. Debe también reconstituir la red de escuelas y centros de investigación dedicados a asuntos públicos. No para plagiar sus hallazgos y resultados, sino para potencializarlos y divulgarlos de forma decidida mediante foros, conferencias, publicaciones y espacios virtuales de enseñanza. En sentido contrario, es necesario que al interior del INAP se remuevan estructuras de intereses y feudos perniciosos que han contribuido a la destrucción de su buen nombre y proyección. Las políticas internas de capacitación, de investigación y de servicios de consultoría no pueden seguir siendo definidas desde evidentes criterios seniles, o de vieja camarilla política que todo lo devora. La dimensión de los retos requiere de probada honestidad y de compromiso con la institución y sus fines. Hagamos votos porque así sea.
Analista político-administrativo y miembro regular del INAP.
ppsosa@hotmail.com
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