La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión aprobada recientemente fue estrenada por la Fiscalía de Jalisco en contra de un par de hombres acusados de presentarse a la sucursal de una cadena de tiendas de conveniencia y amenazando con una pistola al encargado del negocio lo obligaron a realizar un traspaso electrónico por 5 mil pesos sin que entregaran el efectivo
La Fiscalía informó que Osmin Alejandro “N” y Óscar Alejandro “N”, son los primeros vinculados en Jalisco bajo la nueva reforma a esta Ley, luego de que fueran detenidos por la Comisaría del municipio de Tonalá.
Ambos sujetos presuntamente cometieron el ilícito el pasado domingo 30 de noviembre, en la Colonia Infonavit Río Nilo, después de que llegaron a bordo de un vehículo hasta una tienda de conveniencia, y mientras Osmin Alejandro “N” descendió del auto para entrar a la tienda, Óscar Alejandro “N” lo esperó dentro del carro.
“Al interior de la negociación, Osmin Alejandro habría obligado a uno de los empleados, utilizando un arma de fuego, a realizar un depósito bancario por 5 mil pesos, sin entregar el dinero”, narró la Fiscalía.
Sin embargo, el personal de la tienda procedió a la activación del botón de pánico, lo que dio aviso a la Comisaría de Seguridad de Tonalá, cuyos agentes se trasladaron de inmediato a donde se cometía el delito y consumaron la detención en flagrancia, de ambos presuntos delincuentes.
El domingo 7 de diciembre se realizó en Puente Grande la audiencia de vinculación y los dos detenidos quedaron sujetos a proceso penal luego de que el juez valoró los datos de prueba ofrecidos por la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía del Estado.
“Como medida cautelar, permanecerán en prisión preventiva oficiosa por extorsión y extorsión agravada, en grado de tentativa”, agregó la dependencia estatal.
El proceso del caso seguirá bajo la reforma a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión que permite perseguir ese delito “de oficio”, es decir sin necesidad de la denuncia y establece penas de 10 a 45 años de prisión.
Dentro de la legislación se prevé que el uso de una cuenta bancaria para obtener dinero ilegalmente, posibilita que quienes delinquen bajo tal modalidad, sean procesados por extorsión y no únicamente por robo, como ocurría antes de la reforma.