Ante el encarecimiento acelerado de la vivienda en la ciudad, el regidor de Morena, José María “Chema” Martínez, presentó una iniciativa para que el Ayuntamiento de Guadalajara eleve al Congreso del Estado una reforma al Código Civil de Jalisco, con el objetivo de establecer un tope legal a los incrementos anuales de arrendamiento, vinculándolos estrictamente al índice inflacionario oficial.
La propuesta plantea que las rentas solo puedan incrementarse una vez al año y nunca por encima de la inflación. Según Martínez, la medida no es un gesto populista, sino una respuesta jurídica respaldada por un criterio reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que validó la constitucionalidad de fijar límites a los aumentos de renta bajo el principio del derecho a la vivienda digna.
“El derecho a la vivienda no es solamente adquirir una casa; también es poder rentar sin que el mercado especulativo te expulse de tu ciudad”, expresó el regidor.
“No se trata de intervenir el mercado privado, se trata de hacer efectivo un derecho constitucional y de hacer justicia social”.
Martínez advirtió que el encarecimiento inmobiliario está desplazando a jóvenes, trabajadores y familias de ingresos medios y bajos hacia la periferia, donde escasean los servicios públicos, la movilidad eficiente y las condiciones dignas de vida.
“Hoy el mercado inmobiliario voraz no ha permitido garantizar el derecho a una vivienda digna. Las rentas en Guadalajara son excesivamente caras y eso está expulsando a la gente de sus propios barrios”, señaló.
La iniciativa no implica gasto público ni subsidios, tampoco controles arbitrarios. Se trata de una regulación específica al Código Civil para dar certeza jurídica tanto a arrendatarios como a propietarios, estableciendo reglas claras y previsibles.
El regidor recordó que en la pasada legislatura, como diputado local, impulsó la reforma que consagró expresamente el derecho a una vivienda digna en el artículo 4º de la Constitución de Jalisco, antecedente que hoy permite avanzar hacia instrumentos concretos de protección. Desde entonces, ha mantenido una agenda constante en materia de vivienda, denunciando lo que popularmente ha llamado las “pinches rentas caras”.
Con esta nueva iniciativa, la discusión pasa del discurso a la norma: poner límites claros al incremento de las rentas como mecanismo de justicia social y garantía de derechos. El debate apenas comienza, pero el mensaje es contundente: la vivienda no puede seguir tratándose únicamente como mercancía cuando la Constitución la reconoce como un derecho.