El Gobierno de Jalisco debe regularizar los pagos de salarios y otorgar mejores condiciones laborales a 60 trabajadores de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. Muchos de ellos salen a campo junto con colectivos de familiares a localizar fosas con restos humanos.
La exigencia la hizo la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, quien dijo que esa petición se hizo desde el 28 de agosto de 2025, cuando se analizaba el proyecto de Presupuesto Estatal para 2026 y aún no hay respuesta para el personal, que en algunas ocasiones recibe con atraso el pago de sus salarios.
“Yo dejaría aquí la pregunta para el secretario de Hacienda (Luis García Sotelo), ¿por qué para unas cosas se reajusta el presupuesto con tanta eficiencia y facilidad y para lo que urge no”, reclamó la legisladora, al realizar una rueda de prensa en el Congreso.
Tonantzin Cárdenas, quien preside la Comisión Especial para la Atención de Personas Desaparecidas del Congreso local, advirtió que no es grave solamente que el Estado le falle a las personas trabajadoras, sino que “le falla y revictimiza una y otra vez a quienes buscan”.
El personal de la Comisión de Búsqueda de Personas realiza labores de oficina y de campo, como despliegues operativos, atención a víctimas indirectas, exploraciones y excavaciones, muchas veces en contextos de riesgo, sin seguridad social y con retrasos recurrentes en sus pagos. Los trabajadores advirtieron que esta situación afecta su estabilidad económica y emocional, y debilita la capacidad de respuesta ante la crisis de desapariciones en Jalisco.
“En las búsquedas vamos con pico y pala y camionetas, sueros, bloqueador solar y nada más. Falta mucha tecnología, esos radares, los perritos que a veces acompañan en las búsquedas. No podemos seguir simulando que se atiende una crisis, cuando de manera tangible no hay cambios en las condiciones humanas y materiales que requiere la crisis (de personas desaparecidas)”, precisó.
“Esto es insostenible”. El Estado debe garantizarles la seguridad laboral a los 60 trabajadores, muchos de ellos que no cuentan con seguridad social, ya que están contratados bajo contratos de pago de honorarios, expuso.
Hay casos también de precariedad laboral en las agencias del Ministerio Público, en la Comisión de Atención a Víctimas, e incluso en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).