La diputada local Yussara Canales cuestionó públicamente al gobierno municipal de Puerto Vallarta por los daños provocados al nuevo muelle de Boca de Tomatlán, obra realizada con recursos del Gobierno de Jalisco y actualmente clausurada tras afectaciones estructurales derivadas de trabajos impulsados por el propio Ayuntamiento.
A través de un video difundido en redes sociales, la legisladora acusó al municipio de actuar con irresponsabilidad al intervenir la infraestructura sin coordinación ni autorización estatal, lo que ocasionó daños en la losa y puso en riesgo la estructura. “¿A qué está jugando el gobierno municipal de Puerto Vallarta? Ellos no hacen obra, pero sí destruyen las obras del Gobierno del Estado de Jalisco”, señaló.
Canales recordó que el muelle fue reconstruido tras años de exigencias ciudadanas, con trabajos iniciados en 2022 y concluidos en septiembre de 2024, y subrayó que desde el Congreso ha impulsado iniciativas para fortalecer esta infraestructura estratégica de conectividad marítima y turística.
De acuerdo con lo expuesto, el Ayuntamiento intentó instalar una techumbre sin someter el proyecto a revisión de las autoridades estatales, lo que derivó en daños que obligaron a Protección Civil del Estado a clausurar el sitio hasta que se reparen las afectaciones y se ajusten las intervenciones a los lineamientos técnicos. “Dañaron una obra pública y ahora pretenden que otra vez salga del bolsillo de la gente reparar este desastre”, advirtió.
La legisladora vallartense cuestionó además que, mientras el municipio enfrenta problemas de servicios públicos, calles deterioradas y acumulación de basura, se generen gastos millonarios por decisiones mal ejecutadas. “Mientras Puerto Vallarta tiene calles destruidas, basura y falta de servicios, aquí están tirando un millón de pesos como si el dinero sobrara”, sostuvo.
Finalmente, calificó el caso como un posible daño patrimonial y exigió transparencia sobre los costos de reparación, así como el deslinde de responsabilidades. “Esto no es un error menor, es un daño patrimonial y alguien tiene que responder, porque el dinero público no es de ellos, es de todas y de todos los vallartenses”, concluyó.