Guadalajara

Pide diputado del PVEM que se investigue contrato de arrendamiento de camiones de aseo, en Tlaquepaque

. El diputado Alberto Alfaro mostró la denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción.

Por adjudicar en forma directa un contrato de arrendamiento de 20 camiones compactadores de basura, por un monto de alrededor de 25 millones de pesos, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alberto Alfaro García, informó que presentó una denuncia penal en contra de la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura y diversos funcionarios municipales.

La querella la presentó el legislador ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción por los presuntos delitos de abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.

“Aquí no venimos con suposiciones ni con politiquerías, venimos con las pruebas y los números del propio Ayuntamiento. El pasado 10 de junio la Administración de Tlaquepaque hizo una adjudicación directa para el servicio de arrendamiento de 20 camiones compactadores de basura, a favor de la empresa Impulsa tu Ganancia SAPI de CV Sofom. El monto total del contrato asciende a 24 millones 866 mil 920 pesos”, dijo.

En rueda de prensa realizada en el Congreso, el diputado Alberto Alfaro refirió que el Ayuntamiento de Tlaquepaque argumentó un tema de urgencia en la prestación del servicio de recolección de basura para evitar someter el contrato a un concurso público.

“Para saltarse la licitación pública obligatoria, los funcionarios invocaron una supuesta urgencia extraordinaria e imprevisible, pero analicemos la realidad. Algo indiscutible que heredó esta Administración fue que en Tlaquepaque contaban con el mejor servicio de recolección de basura de toda el Área Metropolitana de Guadalajara”, dijo.

Añadió que, para realizar el pago de ese contrato de arrendamiento, el Gobierno de Tlaquepaque tuvo que hacer movimientos en el presupuesto 2026, lo cual pidió que sea investigado.

Alberto Alfaro, quien preside la Comisión de Vigilancia del Congreso, añadió que debe intervenir la Auditoría Superior del Estado para hacer una “auditoría profunda” al Ayuntamiento y deslindar responsabilidades.

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