Lo que comenzó como una declaración imprudente de Donald Trump amenaza con convertirse en uno de los mayores golpes a la credibilidad de la FIFA en los últimos años. Su confesión de haber llamado a Gianni Infantino para intervenir en la situación disciplinaria del delantero estadounidense Folarin Balogun dejó de ser una anécdota para transformarse en un escándalo de alcance internacional. La exigencia de eurodiputados para investigar al presidente de la FIFA por una presunta sumisión a presiones políticas confirma que el problema ya no pertenece únicamente al ámbito deportivo; es un asunto de gobernanza, transparencia y respeto a las reglas.
El futbol presume ser el deporte de la igualdad. En teoría, el reglamento es el mismo para todos. Un árbitro puede equivocarse, el VAR puede corregirlo y los órganos disciplinarios pueden revisar sanciones cuando existen elementos suficientes. Lo que jamás debería aparecer en esa ecuación es la llamada telefónica del presidente del país anfitrión para influir, directa o indirectamente, en una decisión que afecta a su propia selección.
Trump no sólo reconoció haber realizado esa gestión; prácticamente la presentó como una demostración de liderazgo. Lo hizo con la naturalidad de quien considera que el poder político puede abrir cualquier puerta y modificar cualquier circunstancia. Esa visión patrimonialista del poder, donde las instituciones parecen subordinadas a la voluntad del gobernante, es precisamente la que despierta preocupación dentro y fuera de Estados Unidos.
Lo más grave no es únicamente la conducta del mandatario estadounidense. Es la imagen que proyecta Gianni Infantino. Si la máxima autoridad del futbol mundial aparece como un dirigente dispuesto a escuchar y actuar frente a las presiones del jefe de Estado del país organizador, toda la arquitectura institucional de la FIFA queda bajo sospecha.
Durante décadas, la FIFA ha construido un discurso basado en la autonomía del deporte. Ha suspendido federaciones nacionales por interferencias gubernamentales, ha exigido independencia de los organismos deportivos y ha impuesto sanciones cuando detecta que un gobierno pretende influir en decisiones internas. Esa autoridad moral se desploma si ahora guarda silencio cuando quien presiona es uno de los hombres más poderosos del mundo.
La reacción del Parlamento Europeo no debe minimizarse. Que legisladores de distintos países pidan una investigación formal revela que la preocupación ha dejado de ser una discusión entre aficionados o comentaristas deportivos. Existe la percepción de que la FIFA pudo haber cedido ante una presión política para beneficiar a la selección anfitriona del Mundial.
Quizá nunca pueda demostrarse que una llamada cambió una decisión. Pero en materia institucional existe un principio fundamental: no basta con actuar correctamente; también hay que parecerlo. Cuando la sospecha invade a una organización encargada de administrar el torneo deportivo más importante del planeta, el daño ya está hecho.
Resulta todavía más significativo que esta polémica estalle cuando la imagen internacional de Donald Trump atraviesa un momento particularmente delicado. Una encuesta reciente del Pew Research Center, aplicada en 36 países, refleja un deterioro importante en la confianza hacia el presidente estadounidense. La percepción negativa sobre su política exterior y las dudas respecto a la fortaleza democrática de Estados Unidos siguen creciendo. En ese contexto, este episodio alimenta la narrativa de un liderazgo que confunde autoridad con capacidad para imponer su voluntad.
Paradójicamente, el mayor perjudicado puede terminar siendo Estados Unidos. El Mundial de 2026 representaba una oportunidad extraordinaria para consolidar al país como una potencia organizadora y fortalecer la presencia del futbol en su territorio. Sin embargo, la conversación internacional empieza a desviarse del espectáculo hacia las sospechas de favoritismo, tráfico de influencias y manipulación institucional.
La FIFA tampoco puede esconderse detrás del silencio. Su credibilidad exige respuestas claras. ¿Existió esa conversación? ¿Influyó en algún procedimiento? ¿Quién tomó la decisión de revisar la sanción? ¿Se siguieron exactamente los mismos criterios que se aplicarían a cualquier otra selección? Son preguntas elementales para proteger la confianza en la competencia.
El mayor patrimonio del futbol nunca ha sido el dinero que genera ni los contratos televisivos que firma. Su verdadera riqueza es la confianza de millones de personas que creen que el resultado depende únicamente de lo que sucede dentro del terreno de juego. Cuando esa convicción desaparece, el espectáculo comienza a perder su esencia.
No deja de ser irónico que quien durante años ha convertido el discurso del nacionalismo y la fortaleza estadounidense en su principal bandera termine colocando a su propio país bajo sospecha durante el evento deportivo más importante del mundo. Ningún triunfo obtenido bajo la sombra del favoritismo produce orgullo. Por el contrario, alimenta dudas que acompañan cualquier resultado.
El problema de fondo es aún más amplio. Si la presión política consigue abrirse paso en el Mundial, ¿qué impedirá que vuelva a ocurrir en el futuro?
La FIFA enfrenta una prueba decisiva. Tiene la oportunidad de demostrar que sus reglas se aplican por igual, incluso cuando el protagonista es el presidente del país anfitrión. Si decide mirar hacia otro lado, confirmará la percepción de que existen selecciones con privilegios y dirigentes intocables.
En el futbol, la tarjeta roja simboliza un límite. Se muestra cuando alguien rompe las reglas y pone en riesgo la integridad del juego. Hoy esa metáfora trasciende el terreno de juego. La sanción que muchos reclaman no es contra un delantero ni contra un árbitro. Es contra la idea de que el poder político puede apropiarse del deporte para convertirlo en un instrumento de influencia.