Dos hombres a quienes se acusa de presentarse en negocios para colocar máquinas tragamonedas bajo amenazas de la delincuencia organizada, fueron vinculados a proceso luego de que trataron de sobornar con 100 mil pesos a elementos del Ejército Mexicano que los sorprendieron cuando transportaban una de las “máquinitas”.
Ambos fueron entregados por los militares a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, de la Fiscalía del Estado, en donde los imputaron por el delito de cohecho, y ahora ya se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa por el delito de cohecho.
La Fiscalía indicó que los hechos se registraron hace unos días en calles de la colonia Tesistán del municipio de Zapopan, en donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional interceptaron a Francisco Javier “N” y Germán Humberto “N” cuando iban a bordo de una camioneta Nissan NP300, color blanco, “para realizarles una inspección motivada por diversos reportes ciudadanos referentes a la colocación de máquinas tragamonedas bajo presuntas amenazas de la delincuencia organizada”.
Los soldados los cuestionaron sobre la máquina de vjuegos que transportaban en la caja del automotor, pero los dos hombres mostraron una actitud evasiva y nerviosa.
Entonces “uno de los imputados ofreció presuntamente la cantidad de 65 mil pesos en efectivo a los efectivos militares para frenar las indagatorias, al tiempo que el otro imputado intervino incitando a los uniformados a recibir el recurso y asegurando que podía conseguir dinero adicional para completar la cantidad de 100 mil pesos”.
Los elementos castrenses no se dejaron sobornar procedieron con su detención inmediata, y les aseguraron “más de 84 mil pesos en efectivo en diversos billetes, así como bolsas con miles de monedas de distintas denominaciones, una máquina para contar monedas, consolas, dispositivos móviles, documentación diversa y la camioneta en la que se desplazaban”.
Como ya se dijo, el par de presuntos delincuentes fueron imputados ante un juez por cohecho, y luego del término de tiempo legal, se les vinculó a proceso con prisión preventiva justificada por cinco meses en el Penal de Puente Grande, como medida cautelar, mientras se desarrollan las investigaciones del caso.