En lo que va de la presente administración del Gobierno del Estado, se han realizado 77 operativos de revisión en los diferentes centros penitenciarios y centros integrales de justicia regional (CEINJURE) para detectar objetos prohibidos y prevenir conductas delictivas en los interiores de las cárceles.
Así lo informó Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad de Jalisco, en una entrevista en la que medios de comunicación le cuestionaron sobre los “pagos por derecho de piso” y venta ilícita de productos y servicios dentro de la Comisaría de Sentenciados, luego de que durante esta semana se hizo público que internos que ejercen el llamado “autogobierno” en esa prisión localizada en el complejo de Puente Grande, controlan cobros por uso de teléfonos celulares, comercio de cervezas y visitas conyugales entre otras situaciones anómalas.
El secretario de Seguridad reconoció que se trata de situaciones que tienen algo de más de 15 o 20 años, y que se han dado en diferentes penales, pero que la actual administración ha desplegado operativos de revisión incluso con apoyo del Gobierno Federal, sobre todo en los reclusorios metropolitanos (Puente Grande) y de Puerto Vallarta.
Dijo que al principio de estas incursiones en los centros penitenciarios, se llegaron a encontrar armas de fuego y “puntas” de metal, pero conforme han hecho más operativos ya sólo se han localizado artículos prohibidos pero sin riesgo elevado, como “puntas” de plástico fabricadas con cepillos dentales.
Además informó que el Gobierno del Estado se encuentra prácticamente en la fase final de la instalación de inhibidores de señal de teléfonos celulares y que se está calibrando dicha tecnología para que no haya afectación a los usuarios de las colonias aledañas al penal de Puente Grande y sólo se bloqueen los aparatos que pudieran ser utilizados desde dicha cárcel.
Añadió que se hace un trabajo progresivo y profesional al interior de los reclusorios, que incluye también la instalación de filtros con tecnología de punta sistematizada y digital para el control de entradas y salidas de las personas que visitan a familiares dentro de las prisiones.
Indicó que se ha tratado de avanzar tanto en las medidas de seguridad como en el trato a las personas privadas de la libertad, para lo cual se ha contado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que ha visitado los complejos penitenciarios.
Juan Pablo Hernández consideró que se entiende que familiares de los reclusos tengan miedo para reportar las anomalías, pero los instó a que se acerquen a Asuntos Internos, a la Fiscalía o a la CEDH para denunciar a quienes están lucrando con cobros al interior de las cárceles.
MANDAN A REOS PELIGROSOS AL ALTIPLANO
Recordó que otras medidas que se han tomado es la reubicación de reos a quienes se ha detectado formando grupos para ejercer cierto control o que generaban riñas y conflictos y puso como ejemplo a 12 internos que se hallaban en el Reclusorio de Puerto Vallarta así como a otros del Reclusorio Metropolitano, a quienes se les cambió de prisión y con la participación del Gobierno de la República algunos fueron llevados al penal de Alta Seguridad en El Altiplano, Estado de México
Aunque el encargado de la seguridad en Jalisco consideró que no hay riesgo en la actualidad en los reclusorios estatales, no descartó que “pudiéramos tener otra revisión con el apoyo y la coordinación de fuerzas federales”.