Para que existan criterios de igualdad en el desarrollo metropolitano, la diputada Mariana Casillas Guerrero, presentó una iniciativa de Ley para fortalecer al Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana (Imeplan), blindarlo de intereses políticos y partidistas, y afianzar la gobernanza del Consejo Ciudadano Metropolitano (CCM).
La idea es que cambie el método de elección del titular del Imeplan, con revisión de perfiles profesionales y entrevistas a los y las candidatas al puesto.
El proyecto elaborado por la legisladora e integrantes del Consejo Ciudadano Metropolitano plantea reformas a diferentes artículos de la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco y la Ley para Entidades Paraestatales del Estado de Jalisco, cuya finalidad es que el IMEPLAN emita recomendaciones vinculantes sobre todos los asuntos relacionados con la planeación, construya indicadores de equidad territoral y organice procesos de participación en comunidades afectadas.
La planeación deficiente ha tenido como consecuencia una desigualdad territorial y económica. Los municipios centrales concentran inversión, servicios, infraestructura y valorización inmobiliaria, mientras que otros como Tonalá, El Salto Ixtlahuacán de los Membrillos sirven como depósitos de residuos, contaminación y actividades de mayor impacto, al mismo tiempo que se les niega una parte de la riqueza producida.
A lo anterior se suma el componente político y los intereses de gobiernos y partidos en turno.
“Hoy, la conducción del Imeplan se encuentra atrapada en una estructura que permite al grupo gobernante controlar una institución que debería pensar la ciudad con independencia técnica y visión de largo plazo. Movimiento Ciudadano (MC) ha convertido la coordinación metropolitana en una prolongación de su poder político. Bajo su gobierno, la planeación ha servido para administrar acuerdos entre élites municipales, acompañar la expansión inmobiliaria y legitimar decisiones tomadas lejos de las comunidades”, señaló Mariana Casillas.
La desginación de la dirección del Imeplan, añadió, ha quedado subordinada al poder en turno. “Quien controla el nombramiento condiciona las prioridades, los diagnósticos y los límites de la discusión pública. Por ello proponemos una convocatoria abierta, revisión de perfiles por la Comisión de Gestión Metropolitana del Congreso, entrevistas públicas y aprobación unánime de la Junta de Coordinación Metropolitana. La autonomía técnica requiere reglas capaces de contener el reparto partidista de cargos”.
Como ejemplo, la diputada recordó que durante la actualización del POTmet, colectivos denunciaron que sus observaciones sobre la ocupación de territorios ambientalmente protegidos fueron ignoradas. La reforma presentada dota al CCM de facultades para requerir información, organizar foros con autonomía, recibir quejas vinculadas con violaciones a derechos humanos y emitir recomendaciones públicas.