La diputada de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia, Adriana Medina Ortiz, propuso una reforma al Código Penal de Jalisco para endurecer las sanciones contra quienes mientan deliberadamente durante procesos judiciales. Uno de los principales objetivos es evitar que personas oculten o falseen sus ingresos para reducir o evadir el pago de pensiones alimenticias.
La iniciativa plantea que la simulación de ingresos en juicios familiares y de alimentos sea considerada un delito grave, con penas de tres a siete años de prisión, además de multas que podrían ir de 50 a mil UMAs. La medida no estaría dirigida únicamente a los deudores alimentarios, sino también a terceros que participen en la falsificación de información utilizada ante los tribunales.
De acuerdo con la propuesta, también podrían ser sancionados empleadores, representantes legales u otras personas que emitan constancias falsas de ingresos con el propósito de hacer parecer que un deudor recibe un salario menor al real. Medina Ortiz sostuvo que ocultar recursos para disminuir una pensión afecta directamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos y manutención.
En materia penal, la reforma busca ampliar las conductas consideradas como falsedad ante la autoridad. La propuesta contempla elevar de cuatro a ocho años de prisión la sanción para quien declare falsamente con la intención de inculpar a una persona inocente, además de mantener sanciones para quienes utilicen testimonios falsos para favorecer a alguien involucrado en un proceso.
Otro de los puntos contempla penas de seis a 10 años de cárcel para testigos falsos cuando su declaración contribuya a que una persona inocente reciba una condena superior a 20 años de prisión. También se plantean de cuatro a ocho años de prisión y multas de hasta 500 UMAs para quienes sobornen, intimiden u obliguen a testigos, peritos o intérpretes a intervenir de manera irregular en un juicio.
La iniciativa incluye además la creación de un registro público de peritos sancionados, que sería incorporado a la lista anual de auxiliares de la justicia del Poder Judicial de Jalisco. La propuesta, explicó Medina Ortiz, busca reducir los espacios para la manipulación de procesos judiciales y establecer mayores consecuencias para quienes proporcionen información falsa ante los tribunales.