Los policías que actuaron en la manifestación del domingo afuera de Casa Jalisco actuaron conforme a los protocolos, incluso, algunos de ellos resultaron lesionados con piedras y objetos que les lanzaron.
Por ello, identifican que el responsable directo de la violencia que se registró en la manifestación del domingo 11 de octubre, a las puertas de Casa Jalisco es el gobernador Pablo Lemus, indicó Juan Manuel Mercado Gómez, presidente de la Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías de México.
Mercado Gómez, un ex policía segundo del estado retirado, explicó que el mandatario estatal pudo prevenir las agresiones ocurridas en ambos bandos, sin embargo, no actuó con base en los protocolos de cultura de la paz.
Añadió que el Congreso local debe llamar a comparecer al gobernador Pablo Lemus.
“Y ahora el gobernador quiere sancionar a los policías que intervinieron, cuando ellos fueron lesionados por su irresponsabilidad. Señor gobernador lo invitamos a que vaya a comparecer al Congreso del Estado y explique por qué su actuar en contra de los policías y en contra del pueblo de Jalisco”, subrayó.
El dirigente de la agrupación que defiende los derechos laborales de los policías indicó que usar la violencia fue una decisión política de la cual es responsable el titular del Ejecutivo.
“Usted lo pudo haber evitado, ¿por qué no lo hizo?, ¿por qué no le interesó implementar mesas de diálogo, conforme a la cultura de la paz?.Esa explicación se la tiene que dar al pueblo de Jalisco. Esperamos su respuesta”, dijo.
Juan Manuel Mercado defendió el actuar de los policías estatales y municipales de Guadalajara, aunque el propio gobernador aceptó que sí hubo excesos de los elementos antimotines al detener a 39 manifestantes.
Dijo que agredir a un policía “sí es delito grave en Jalisco; así está tipificado en el Código Penal del Estado”, subrayó el entrevistado.
Precisó que causar una lesión normal recibe una sanción de 6 meses a dos años. Sin embargo, cuando la agresión es contra un policía, la pena se incrementa de un año y seis meses a seis años.
Además, a quien se oponga con violencia a que la autoridad ejerza sus funciones, la pena aplicable es de 1 a 5 años de prisión.