Al titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), Iker Frangie Martínez Gallardo, le preguntaron los diputados si existían elementos para emitir una clausura del tiradero de Picachos, tras contaminar con lixiviados al río Milpillas y la cascada de Huaxtla.
El funcionario estatal afirmó que existe un proceso sancionador en curso, sin embargo, advirtió que no puede realizar una clausura total, ya que se generaría una “contingencia ambiental mayor” en la ciudad, ya que no habría otro sitio para depositar la basura que generan los habitantes de Guadalajara y de Zapopan.
Ambos municipios generan 3 mil 500 toneladas diarias de residuos y eso es parte del problema, porque Picachos antes recibía 1,500 toneladas, antes del cierre del vertedero de Matatlán.
Iker Frangie fue citado por el Congreso local para que respondiera a las preguntas de los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, ante el derrame de lixiviados que se generó a finales de septiembre y que ensució las aguas del río Milpillas y afectó a diversos pueblos de la barranca del río Santiago.
Iker Frangie, titular de la Proepa respondió: “A ver, hay una realidad en esto. El derecho colectivo a un medio ambiente sano obliga a las entidades regulatorias a buscar y siempre ponderar el bien común y no generar una mayor contingencia ambiental. Hoy por hoy, no existe otro sitio de disposición final con la capacidad técnica, porque Picachos si bien es cierto que tiene irregularidades es un relleno tecnificado. Digámoslo de otra manera: no hay otro relleno sanitario en las inmediaciones de Guadalajara, capaz de recibir ese tonelaje de basura”.
Las legisladoras opositoras Tonantzin Cárdenas y Valeria Ávila, de Futuro y Hagamos y Alejandro Puerto, de Morena, le preguntaron a Iker Frangie por que no se excusó de investigar la contaminación de l¡xiviados, ya que su padre es el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie y eso representa un “conflicto legal de interés”.
Tonantzin Cárdenas, diputada de Futuro: “Quiero preguntarle específicamente cómo le explicaría o le daría certezas a la sociedad jalisciense, específicamente a quienes habitan en las comunidades de Huaxtla y alrededores del río Milpillas, este cuerpo de agua afectado por la negligencia tanto del Ayuntamiento, como de la Proepa, ¿cómo le explicaría a la gente que no hay un conflicto de interés entre usted y quien hoy preside el Ayuntamiento de Zapopan y su cargo?”.
Valeria Ávila, diputada de Hagamos: “Han pasado ya al menos 17 años desde 2009 (cuando comenzó la contaminación de Picachos). Entonces, la pregunta es ¿tendríamos que esperar 17 años más para que fuera el momento procesal y encontrarnos en condiciones más críticas de lo que hoy se encuentra el río Milpillas y las cascadas de Huaxtla?”.
El procurador estatal de Protección al Ambiente explicó que, pese a que la contaminación que generan los tiraderos de Picachos y de la empresa Hasar’s, data por lo menos de 2009, no pretende culpar a gobiernos pasados de ello.
“Nosotros no pretendemos culpar al pasado ni pensar que lo que sucede hoy en día no es nuestra responsabilidad. Nosotros le entramos de frente a los temas que nos tocan el día de hoy. Le entramos con transparencia, con rendición de cuentas y jamás nos hemos negado a que nada, ni nadie, ni ninguna institución, incluso hemos recibido en múltiples ocasiones a colectivos y activistas. Se que este tema fue muy mediático, se que este tema fue un tema que obviamente nos preocupa a todos”, afirmó.
El funcionario explicó que no puede adelantar la sanción que se aplicará al gobierno de Zapopan por contaminar los afluentes, porque debe respetar el “debido proceso”.
Agregó que para él no existe conflicto de interés en su trabajo, ya que la Proepa investiga a instituciones y no a personas.
Para los habitantes de Huaxtla presentes en la comparecencia, la Proepa no ha hecho lo suficiente para frenar el daño ambiental en el río Milpillas, situación que compartieron los legisladores de oposición.
La diputada de MC, Gabriela Cárdenas, defendió al funcionario y propuso que se instale una mesa en la que se involucre a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), incluso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (profepa) y a los diputados de oposición les pidió dejar a un lado “la politiquería”.
El legislador del PVEM, José Guadalupe Buenrostro, le dijo al funcionario que desde el 1 de octubre él le pidió un informe sobre las acciones que han hecho sobre el conflicto ambiental en Huaxtla y nunca hubo respuesta, pese a que se trató de un acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso.
La sesión la coordinó la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Yussara Canales, diputada del PVEM.