El 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que incluye tanto aquellas que son directamente perpetradas por actores gubernamentales, como las cometidas por actores particulares con connivencia o no por parte del Estado. Este día comenzó a conmemorarse en 2010 y este año el lema propuesto es “Las víctimas primero. Acciones ya”.
El caso mexicano es particular, porque la mayoría de las más de 140 mil personas desaparecidas fueron privadas de su libertad por actores del crimen organizado por motivos distintos a las cuestiones políticas o ideológicas.
Con esto, las autoridades han pretendido deslindarse, a pesar de que la ONU ya ha determinado que el Estado Mexicano -en sus tres niveles de gobierno- tiene responsabilidad y en ocasiones se ha detectado que funcionarios o agentes de seguridad han colaborado directamente en la desaparición de personas.
El Diagnóstico sobre la Desaparición de personas en Jalisco (2018-2025), publicado por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y disponible en su página web, señala cómo, al 31 de diciembre de 2025, había 36 mil 161 desapariciones reportadas en Jalisco, de las que 16 mil 064 permanecían vigentes en ese momento. El 88.7 por ciento de las personas que siguen desaparecidas son hombres, mientras que 11.3 por ciento son mujeres.
Las cifras tan altas de varones desaparecidos ha dejado en un segundo plano la desaparición de mujeres: como si no fuera tan importante, o como si no sirviera para comprender esta terrible violación a los derechos humanos, sus casos se viven casi como una excepción. En realidad, estudiar la desaparición de las mujeres permite comprender muchos aspectos de esta terrible realidad.
Del total de mujeres desaparecidas, aproximadamente 15 por ciento tenían entre 10 y 14 años. El 29.4 por ciento tenía entre 15 y 19 años. Son estas edades, además, en las cuales las mujeres se localizan sin vida con más frecuencia. Estas desapariciones pueden tener múltiples causas, pero la hipótesis más plausible, que es la de su relación con la trata, documentada por los relatos de algunas de estas víctimas localizadas, apenas es investigada.
Asimismo, en el caso de mujeres adultas entre 20 y 29 años, que suman 23 por ciento, y un 21 por ciento entre 30 y 49 años, la violencia en el ámbito familiar cobre especial fuerza. En todos los casos hay que presumir, de acuerdo con los protocolos, razones de género, es decir, asumir que el motivo de la desaparición está ligado con el hecho de ser mujer.
En el caso de la desaparición de las mujeres, la impunidad casi total en este delito alienta a los perpetradores no relacionados con el crimen organizado: parejas o exparejas cometen feminicidios que encubren con desapariciones, las cuales en algunos casos ellos mismos denuncian.
En este tipo de casos, a diferencia de las desapariciones de varones, la desaparición es el culmen de una serie de violencias a veces previamente denunciadas y a veces invisibles.
Retomando el lema de este 30 de agosto, si queremos poner a las víctimas primero es urgente que se lleven a cabo acciones eficaces que no solo atiendan la desaparición, sino también los delitos a los que puede acompañar, como la violencia doméstica y la trata de personas. Es decir, acciones con perspectiva de género, sin las cuales se invisibiliza la particularidad de las violencias que ocurren a las niñas y mujeres por el hecho de serlo.
*Por Concepción Sánchez Domínguez-Guilarte y Mariana Espeleta Olivera,académicas del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO